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Con menos de un mes en el cargo, el funcionario llega a una dependencia clave para mantener la gobernabilidad del estado en el último tercio del sexenio del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, pero sobre todo, tras tres años en los que el reclamo constante de comunidades y organizaciones sociales fue la falta de atención y las omisiones de su antecesor, Héctor Anuar Mafud Mafud.
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En entrevista con EL UNIVERSAL, García López reconoce que recibe una entidad con una participación social constante y donde la vida comunitaria como expresión social es cotidiana, lo que a su vez genera que la conflictividad sea algo permanente, ejemplo de ello son las 330 disputas latentes que hay en el territorio.
“Recibimos un estado dinámico, movido, que tiene una demanda de mejores formas de vida. Los reclamos en municipios y de organizaciones sociales tienen mucho que ver con eso, con generar mejores condiciones para vivir y estamos comprometidos a escuchar y atender a todas las expresiones”, afirma el funcionario.
El nuevo titular de la Segego destaca la atención permanente que debe darse al menos a 200 organizaciones sociales, 20 de las cuales, afirma, cada vez mantienen actividades de mayor intensidad.
Pero la atención a las organizaciones sociales es sólo uno de los retos que tiene enfrente la dependencia, a ella se suma el caso de San José del Progreso y San José Ayuquila, y en general los 15 municipios que permanecen “tomados” por sus pobladores por problemas internos, y la constante vigilancia que requieren desde hace 15 años precisamente la región de la nación Triqui, en la Mixteca; Los Chimalapas, en el Istmo de Tehuantepec y los límites con Chiapas, y toda la Sierra Sur.
“El reto de la Segego es escuchar a los paisanos, sentarnos con ellos y anticiparnos a los conflictos y a su forma de manifestación, para que afecten lo menos posible a la ciudadanía. Como responsables de la convivencia pacífica, tenemos que entrarle”, dice Francisco García, que anticipa que ya se trabaja para reunirse con dos comisariados de los Chimalapas.
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Disputas latentes. Aunque el titular de la Segego asegura que otra de las responsabilidades de la dependencia es contribuir con el gobierno federal para materializar los proyectos estratégicos para la región sureste del estado y el país, como las autopistas Mitla-Tehuantepec, y Barranca Larga-Ventanilla, así como el Corredor Interoceánico, reconoce que entre los mayores retos están los conflictos latentes que existen en la entidad, de los cuales en al menos 91 se considera que podría estallar la violencia.
Mientras que en el caso de San Pedro y San Pablo Ayutla, comunidad ayuujk que fue despojada de su manantial por Tamazulápam Mixe, y que lleva tres años sin agua potable, anuncia que en unos 15 días comenzará a explotarse el pozo para dotar a los habitantes del líquido, pero reconoce que la problemática es mucho más profunda, agravada por la ruptura de la comunicación con el titular anterior de la dependencia.
“Hay otros problemas añejos por las tierras, lo que ha traído este tipo de conflictos. Les ofrecemos nuestra capacidad y mejor voluntad para atender los reclamos tanto de Ayutla como de Tamazulápam. Van a encontrar respeto y escucha para dar una solución”, afirma.
Lo anterior, porque explica que son tres los temas que preocupan, por su tamaño y dificultad: las disputas agrarias intermunicipales; los problemas entre cabeceras y agencias por la distribución de recursos, y la atención permanente a las organizaciones sociales.
“No puedo decir en este momento qué vamos a hacer diferente, pero buscamos dar mayor atención cercana. Que la gente sienta que el gobierno del estado tiene sensibilidad, que los entendemos, y así llegar a mejores acuerdos, con pleno respeto a la gente, comunidades, y organizaciones”, dice.
