Ante ello, los organismos civiles también demandaron la emisión de una nueva convocatoria para elegir a quien ocupará este cargo, con el objetivo de contar con una persona con el perfil idóneo para realizar las tareas previstas en la ley y que consisten en la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.
El pasado 5 de octubre, explicaron, se cerró la convocatoria que emitió la 64 Legislatura del Congreso para recibir candidaturas a la Comisión Estatal de Búsqueda, prevista en la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Oaxaca, después de un “apresurado proceso y poca difusión”.
Por ello, instaron a que se reponga el proceso, contemplando tiempos y publicidad suficiente, de acuerdo a lo marcado por las leyes en la materia, la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Oaxaca.
Así como diálogo y comunicación con la sociedad civil, víctimas y familiares y conocimiento y/o experiencia en violencia por razones de género, enfoque diferencial y enfoque intercultural.
Sin embargo, señalaron que el rezago que estados como Oaxaca presentan es alarmante porque a más de un año de su aprobación, sigue sin nombrarse el Consejo Estatal Ciudadano de la ley, la Fiscalía Especializada y no se ha garantizado un presupuesto para eficientar la búsqueda de personas, así como la aplicación de diversos protocolos y mandatos internacionales, como la adopción del Protocolo Alba para la desaparición de niñas y mujeres.
Entre las organizaciones que denuncias se encuentran el Colectivo de Víctimas de Zapotengo Pochutla, Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño A.C., Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C., Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña A.C., Luna del Sur A.C., DECA Equipo Pueblo A.C. y Alianza Cívica Pinotepa Nacional.