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Juchitán de Zaragoza.— A los 17 años de edad, ella vestía enagua y huipil cuando sufrió el primer acto discriminatorio de su vida: No le permitían la entrada a un bar de la Ciudad de México, iba acompañando al escritor Carlos Monsiváis: “Pensaron que era una vendedora ambulante”, recuerda ahora entre risas, justo cuando aspira a dirigir el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
No ganó, pero acumuló experiencia política y socia, además que asumió nuevos liderazgos en la lucha contra el VIH en el Istmo de Tehuantepec.
Foto: Tomada de Facebook
Nacida en la ciudad de Juchitán en noviembre de 1977, donde comenzó su activismo social desde hace más de 20 años en las áreas de trabajo de salud, derechos humanos y promoción de la cultura, Amaranta considera que, si logra la presidencia del Conapred, establecerá una coordinación eficaz con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para fortalecer la lucha contra la discriminación.
Foto: Tomada de Facebook
Una coordinación eficaz y eficiente, explica, permitirá hacerle sentir a las víctimas de la discriminación, que tienen el acompañamiento y la protección del Estado mexicano “y lo vamos hacer desde una mirada crítica, compartiendo la preocupación de los sectores vulnerables, porque cualquier acto discriminatorio causa angustias entre las víctimas. Yo espero que desde la presidencia de México y de la Segob tengan una escucha receptiva”, señala.
La antropóloga y activista zapoteca añade que es indispensable que el Conapred cuente con diversas fuentes de financiamiento que permitan consolidar su presencia en todo el país, para que sus logros acumulados en los últimos 17 años, desde su creación, se mantengan vigentes. Estos, detalla Amaranta, consisten en sensibilizar a la sociedad sobre el combate contra la discriminación y en el acompañamiento permanente de sectores vulnerables.
Amaranta Gómez Regalado precisa que el Conapred debe fortalecer su narrativa contra la discriminación y debe hacerlo con todos los sectores, con total transparencia en el uso de los recursos: “Las normas democráticas obligan a dejar de lado la opacidad y obligan a generar un mayor involucramiento de todos los sectores susceptibles de la discriminación en la elaboración de las políticas públicas del Estado mexicano. Eso forma parte de los desafíos”, señala
