Organizaciones exigen garantizar abasto de alimentos para campesinos indígenas ante pandemia

Oaxaca de Juárez.- Alrededor de 80 organizaciones sindicales y de la sociedad civil exigieron al gobierno de Oaxaca eliminar el decreto en el que establece multas y 36 horas de cárcel contra las personas que no usen cubrebocas, como medidas para evitar la propagación del Covid-19, que hasta el momento registra 121 casos confirmados y 17 defunciones relacionadas con esta enfermedad.

Los organismos sostuvieron que estas medidas son contrarias a la Constitución Política de México, así como al “andamiaje” internacional para la protección de los derechos humanos.

Este decreto, afirmaron, “es una política represora que busca criminalizar y encarcelar al pueblo desposeído que todos los días necesita salir a las calles para alimentar a sus familias”.

En cambio, demandaron al gobierno estatal asumir una política social que permita a la gente quedarse en sus casas.

De la misma manera, exigieron hacer lo necesario para atender la salud de la población oaxaqueña mediante la adquisición de materiales, insumos, medicinas y equipos; la contratación de personal sanitario, la recontratación del personal despedido tras la disolución de programas federales, y ampliar la reconversión de hospitales para atender pacientes por Covid-19.

En su manifiesto reclamaron que se debe garantizar la seguridad laboral y disminuir el riesgo de contagio del personal que labora en el sector salud, así también hacer del conocimiento público el presupuesto y acciones del gobierno de Oaxaca para hacer frente de manera integral los impactos de la pandemia, referente al incremento de la violencia de género, feminicidios, y garantizar el abasto de agua en todas las comunidades del estado.

Además, piden establecer de manera urgente una política para garantizar el abasto de alimentos en las zonas rurales así como en las periferias de la entidad con mayor riesgo de presión alimentaria derivada de la pandemia, que incluya el subsidio total a la producción, a la distribución y al consumo de alimentos básicos, a favor de los campesinos indígenas de Oaxaca.

“Antes de presupuestar los multimillonarios apoyos para los empresarios, es prioritario atender a la mayoría de la población afectada por el aislamiento, como las personas empleadas en el sector informal o con empleos temporales, con medidas como seguro de desempleo o renta universal”, afirman.

A los diputados que conforman la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca, les exigieron legislar para obligar al gobierno a atender como prioridad la salud y la vida de la población; vigilar el uso los recursos y cuidar que las medidas económicas beneficien a los sectores realmente necesitados.

Denunciaron que en la emergencia sanitaria ha aumentado la violencia contra las mujeres sin que exista una política clara dirigida a prevenir, atender y sancionar las agresiones por razón de género en el contexto del confinamiento, “omisión que en sí misma es también una manera de violencia de género cometida desde las instituciones del estado”, advirtieron.

El manifiesto lo firman Servicios para una Educación Alternativa, A.C. (EDUCA); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.; Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi); Corriente del Pueblo Sol Rojo y Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).

De igual manera Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Organizaciones Indias por los Derechos Humanos de Oaxaca (OIDHO); Unión Campesina e Indígena de Oaxaca “Emiliano Zapata” (UCIO-EZ); Enlace Comunicación y Capacitación, A.C.; Frente Popular Revolucionario (FPR); Servicios del Pueblo Mixe, A.C. (SER A.C.); Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. y Comité Nacional para la Defensa de Los Chimalapas, entre otras.