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Pese a que desde 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mandató que cada muerte violenta de mujeres debe considerarse desde el principio como feminicidio, en Oaxaca no se investigan así ni siquiera 3 de cada 10 asesinatos y la mayoría se indaga como homicidios simples.
De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General, entre 2017 y 2020 fueron asesinadas en Oaxaca 524 mujeres; sin embargo, sólo 149 se investigaron finalmente como feminicidio, lo que representa apenas un 28.4% del total, es decir, menos de 3 muertes de cada 10.
En 2016, antes de la llegada de Rubén Vasconcelos a la Fiscalía de Oaxaca, 62% de los homicidios de mujeres se investigaban como feminicidio; pero una vez estando él en el puesto, el porcentaje bajó a 40% en 2017; a 25.2% en 2018, y cayó a 19.8% en 2019, para subir a 29.1% en 2020.
En otras palabras, mientras que previo a que tomara el cargo seis de cada 10 asesinatos de mujeres se indagaban como feminicidio, en su último año al frente de la fiscalía ni siquiera se investigaron así tres de cada 10 y en 2019, el año con más muertes violentas de mujeres de su periodo, ni siquiera se indagaban así dos de cada 10 asesinatos de mujeres.
Otras entidades que viven olas de violencia contra las mujeres indagan como feminicidio más del 50% de casos, como Ciudad de México o Nuevo León, con 68.3%. Incluso el Estado de México superó el porcentaje de Oaxaca, con 25.9%.
De hecho, ese año Oaxaca figuró entre las 5 entidades que abren menos investigaciones por feminicidio, pese a que los datos oficiales indican que han aumentado los asesinatos de mujeres. Por debajo de Oaxaca y su 19.8% sólo se ubican Quintana Roo con 15.4%; Colima con el 12, Guerrero con el 9.2% y Michoacán con el 6.1%.
Para activistas y organizaciones, la resistencia de indagar como feminicidios las muertes dé mujeres se debe al costo político que representan pues implica la responsabilidad del gobierno.
“Son cientos de casos que no están siendo considerados feminicidios. Es un asunto político, va más allá de la penalidad, es reconocer las omisiones y responsabilidades del Estado”, dice la periodista y activista Soledad Jarquín.
Mientras que Yésica Sánchez Maya, representante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad Oaxaca, asevera que históricamente, los gobiernos no han documentado debidamente los casos de violencia y feminicidios, “hay una intención política de invisibilizar los casos de violencia y no se está dando la atención necesaria , ni el seguimiento a los casos de violencia, para evitar muertes”.
Pese a ello, al renunciar al cargo el viernes pasado, Vasconcelos Méndez aseguró que se va tras una gestión que dio resultados, pues se resolvieron 75% de los feminicidios que se registraron en la entidad en los últimos tres años.
