Estas medidas cautelares se dan luego de un mes en que la comunidad no católica de esta población ha sufrido la quema de su templo, amenazas de expulsión, retenciones y agresiones por las autoridades de la agencia y miembros de la comunidad.
La DDHPO informó que ha documentado que con motivo de profesar una religión distinta a la católica, pobladores de San Isidro el Arenal, San Juan Lalana, han privado de la libertad a un grupo de personas, entre ellos a mujeres, niños, y una persona mayor con discapacidad, además de que ingresaron a sus viviendas con el objeto de destruirlas para finalmente expulsarlos de la comunidad, bajo el argumento de que “por usos y costumbres no está permitido profesar otra fe que no sea la católica”.
“Esta Defensoría considera que se violentan los derechos humanos a la dignidad, a la libertad (tanto física como de culto), a la integridad y seguridad personal, así como, a la propiedad de los agraviados”.
Asimismo, que se garanticen a las personas afectadas condiciones de seguridad mínimas para que habiten y pernocten el tiempo que sea necesario en un alojamiento alternativo, en tanto se crean las condiciones suficientes para que éstos puedan volver a sus hogares.
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