En 20 años han atacado con ácido a 24 mujeres; ninguna ha alcanzado justicia ni les han resarcido el daño

Oaxaca de Juárez.—  Aunque las autoridades no las contabilizan a todas ni las miran. Y tampoco les han garantizado la justicia, en las últimas dos décadas al menos 24 mujeres han sido atacadas con ácido en México, una manifestación extrema de la violencia feminicida que activistas, víctimas e integrantes de la sociedad civil coinciden en que ha crecido en los últimos años en el país. 

Como parte de la misma, identifican los ataques con ácido, que han cobrado diversas víctimas en territorio nacional, incluyendo a Oaxaca.

Convocadas por la colectiva feminista oaxaqueña Mujeres de la Sal,  coincidieron en que falta sensibilización sobre el tema en la población, así como atención a la salud por parte de las instituciones, las cuales, aseguraron,  no están preparadas para hacer frente a los procesos de recuperación de las mujeres que han sido víctimas de este tipo de ataques.

Mientras las autoridades en México reconocen oficialmente seis casos, muchos de estos ataques permanecen en el silencio y han sido invisibles, apunta Citlallic Vizcaya, doctora en Derecho. 

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La sobreviviente y  activista Carmen Sánchez detalla que las organizaciones feministas tienen registro de 24 casos de ataques de ácido contra mujeres en los últimos 20 años, de los cuales tres tuvieron lugar durante 2021. 

La investigadora Ximena Canseco afirma que podría haber más, puesto que  a menudo quienes sufren las agresiones no denuncian.

El caso más reciente sucedió en abril, en Colipa, Veracruz,  donde una mujer salió de su domicilio rumbo a la tienda de la comunidad y fue agredida por una persona identificada como Reyna “N”, quien la acusó de mantener una relación con su exesposo. Tras el ataque, la víctima perdió un ojo.

“Es un tema sumamente importante porque refleja la violencia extrema en contra de las mujeres, debido a las múltiples secuelas y consecuencias que tiene en la vida de ellas. 

“Los ataques con ácido siempre tienen como finalidad acabar con la vida de la mujer, ya sea asesinarla o matarla en vida, porque un ataque de este tipo les coarta la vida y los derechos”, detalla.

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Apuntó que de todos los códigos penales en el país sólo dos tipifican como delito autónomo el ataque de ácido contra las mujeres: el de Baja California Sur y el de Oaxaca. 

La reforma en la entidad surgió luego del ataque con ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos, en septiembre de 2019, presuntamente  ordenado por el exlegislador y empresario gasolinero Juan Vera Carrizal. Se trató del primer caso de este tipo en Oaxaca.

Cinco estados más contemplan los ataques con ácido como agravantes del delito de lesiones: Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Guerrero y Estado de México, mientras que 14 entidades consideran como agravante  el uso de cualquier sustancia nociva para la salud; no obstante, no mencionan como tal el ácido o una sustancia corrosiva. 

Los dos estados restantes ni siquiera consideran al ácido como un agravante.

Para la también activista, lo anterior refleja lo urgente que es una legislación al respecto. Hasta el momento, ninguna víctima ha recibido la reparación del daño. 

Gina Potes,  de la fundación Reconstruyendo Rostros en Colombia, acusa que las cirugías a las que las mujeres sobrevivientes deben ser sometidas son consideradas estéticas y no parte de un derecho, tras haber sido atacadas.

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“En el país existen dependencias públicas que no están debidamente capacitadas en derechos humanos y perspectiva de género, lo que propicia la revictimización de las sobrevivientes de ataques con ácido”, agrega Citlallic Vizcaya.

La oaxaqueña María Elena Ríos, alarmada ante el aumento de ataques con ácido en el país, realizó en mayo pasado una campaña para visibilizar a las víctimas de este delito, a través de un video con testimonios de las víctimas.

María Elena ve con preocupación que las tentativas de feminicidio a través de ataques con ácido se estén normalizando en el país. La situación, considera, está relacionada con la impunidad de la que gozan los agresores, como en su caso, ya que se sienten en libertad de atentar de esa manera contra las mujeres.

Las víctimas  exigen una ley que incluya no sólo las sanciones, sino también la reparación del daño, así como atención médica y jurídica digna.