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Esta mañana, el abogado Darinel Blas García, quien encabeza la asesoría jurídica del caso, detalló que existe una actitud de funcionarios de la FGR para amedrentarlos, pues han puesto en evidencia que existen deficiencias graves en la investigación por parte de esta Fiscalía.
A su vez, Carlos Morales Sánchez, informó que los agentes del ministerio público federal han realizado diversas actuaciones con el fin de entorpecer el desarrollo de las investigaciones y que los abogados han sido amenazados con procesos legales en su contra.
En específico, acusó que el pasado 26 de febrero, los abogados y algunos familiares de las víctimas fueron retenidos en las oficinas de la FGR para obligarlos a firmar acuerdos “a modo”, para impedir el desarrollo de las investigaciones, lo anterior luego de que se ha exigido que comparezcan exfuncionarios del sexenio anterior encabezado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
“No vamos a permitir que sólo 30 policías sean sentenciados, necesitamos que la justicia llegue al más alto nivel, está muy claro su actuar para no querer imputar a los mandos políticos”, agregó.
La FGR asegura que tras entregar un documento de 14 fojas con observaciones a la investigación, mismas que fueron incluidas en la minuta, “la asesoría jurídica solicitó se excluyera, se eliminara o se sacara de la carpeta de investigación el dictamen en materia de criminalística, de fecha 6 de noviembre de 2020, por estimar que el mismo era deficiente”.
Por ello, el perito Salatiel Sánchez Hilario realizó una exposición de las razones que le llevaban a establecer que "el dictamen era deficiente y no beneficiaba a los intereses de las víctimas”, por lo que los asesores jurídicos solicitaron se excluyera de la carpeta de investigación y “todos los dictámenes fueran sometidos a la consideración de la asesoría jurídica previo a ser incorporados a la carpeta de investigación”.
Según su versión, los fiscales federales informaron la imposibilidad de acceder a tal petición porque ello implicaría responsabilidad directa para los servidores públicos encargados de la investigación y que “el excluir, eliminar, alterar o modificar un registro de investigación que ya obra dentro de una carpeta de investigación es un hecho ilícito e ilegal y que ello constituye un delito”, por lo que era imposible atender a su petición “lo cual generó gran molestia de los asesores jurídicos y de la víctima presente”.
La FGR incluso acusa que los asesores jurídicos de las víctimas comenzaron a levantar la voz, “a amedrentar a los fiscales y a insultarlos” y se retiraron de la sala diciendo que se les amenazó y que no firmarían la minuta a menos que se les obligara con la fuerza pública.
Consultado por este medio sobre la versión de la FGR, Darinel Blas García rechazó que ellos hayan solicitado la exclusión del dictamen, ni por no convenir a las víctimas ni por otra razón, pero señaló que se trata de un informe tendencioso que incluso se contrapone a otros dictámenes incluidos en la propia investigación.
Insistió que el perito responsable mintió, pues a pesar de que se crearon las condiciones para su trabajo en campo y que contaba con elementos suficientes al respecto, finalmente en su informe aseguró que no podía determinar ciertos aspectos de los hechos sobre víctimas y victimarios. “Es falso, nunca que pedimos que se sacara, fue uno de los propios MP quien dijo que se podía subsanar”, señaló.
Al respecto señaló que con amenazas de ese grado no podían seguir trabajando y por ello se levantaron de la mesa. “Somos espetuosos, pero no aceptamos la deficiencias de ese peritaje y eso fue lo que les dijimos. Nos preocupa que la investigación esté obstaculizándose de parte de la Fiscalía, pero siempre hemos enfáticos que el trabajo ha sido deficiente”.
Incluso recordó que existe una carpeta de investigación en Asuntos Internos contra los propios funcionarios que tuvieron a cargo las indagatorias, porque desde el inicio hubo deficiencias notables en el periodo de 2016 a 2019.
“El dictamen es uno, pero son muchas las deficiencias, el caso no ha sido tomado como lo que es, un caso relevante”.
El saldo oficial de los hechos violentos de Nochixtlán aquel 19 de junio de 2016, cuando policías federales y estatales desalojaron a integrantes del magisterio mediante el uso de armas de fuego, en el amenos tres enfrentamientos, fue de seis personas muertas y 108 heridos, de acuerdo con la propia Secretaría de Gobernación (Segob).
