Gobierno de Oaxaca construye un mapa de los desplazamientos forzados internos en el estado
Entre 2019 y 2021 al menos 3 mil 194 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado interno en la entidad
La falta de interés de la administración estatal anterior en atender eventos de desplazamiento masivo interno, los obstáculos para el diálogo y el acceso a la justicia, así como la falta de voluntad para crear un protocolo para estos casos han agravado esta problemática en Oaxaca, por lo que el gobierno de Salomón Jara enfrenta al menos 10 episodios “heredados”, afirma Jesús Romero, titular de la Secretaría de Gobierno (Sego).
El funcionario reconoce en entrevista con EL UNIVERSAL que el desplazamiento forzado en la entidad es “complejo y grave”, pero asegura que existe voluntad para acompañar los procesos de retorno y garantizar la integridad de los oaxaqueños que han tenido que abandonar sus hogares.
A poco más de 60 días del nuevo sexenio, Romero dice que aún no cuentan con una cifra definitiva de cuántas personas están en calidad de desplazadas en Oaxaca.
Por ello están construyendo una base de datos que incluye a las familias triquis desplazadas de Tierra Blanca Copala, en Juxtlahuaca, y casos emblemáticos como el de Atatlahuca, también en la Mixteca.
“Tenemos hasta el momento documentado en la Secretaría de Gobierno una herencia de 10 temas de desplazamiento que nunca fueron atendidos de manera eficiente, por el contrario, no se garantizó el diálogo ni el acceso a la justicia”.
De estos 10 eventos “heredados” del sexenio pasado, el secretario afirma que se han atendido el de Guadalupe Victoria, en la zona Mixe, y El Sargento, en Sola de Vega.
“Tenemos conocimiento de otros desplazamientos forzados internos que existen en otros puntos del estado, pero estamos primero construyendo algo que no nos entregó el gobierno anterior: el mapa del desplazamiento forzado interno de Oaxaca”.
Según un recuento realizado por esta casa editorial, entre 2019 y 2021 al menos 3 mil 194 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado interno en el estado; mientras que la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en México (CMDPDH) calcula que 2 mil 700 personas fueron desplazadas en la entidad en 2017, y 300 más en 2018.
Así, más de 6 mil 194 personas abandonaron sus lugares de origen en el sexenio de Alejandro Murat, principalmente por la violencia causada por conflictos agrarios y políticos, así como por determinaciones de comunidades con Sistemas Normativos Indígenas.
Sin cifras oficiales
Según Jesús Romero, el mapa será una herramienta que servirá para tener “un panorama real y objetivo”, para atenderlo con políticas públicas específicas, entre las cuales detalla la creación de una Ley de Desplazamiento Forzado Interno y el interés de instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que documentará el proceso de retorno y el acuerdo de paz, para trasladarlo a otras experiencias que se tienen en el país y en América Latina.
“Ellos van a acompañar, en su momento, bajo protocolos que tienen, los procesos de desplazamiento forzado en Oaxaca”, afirma.
Romero dice que tras este acercamiento, la ONU no sólo participará en el retorno de los desplazados de Tierra Blanca, sino que acompañará todas las problemáticas de este tipo que existen en la entidad.
Al respecto de los triquis, afirma que el proceso de diálogo se mantiene entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y confía en que se logren las condiciones para el retorno.
“Hay temas complejos que estamos tratando de resolver con los actores involucrados de estas organizaciones, pero tengo confianza de que habrá voluntad política de todos para lograr este retorno tan anhelado”, finaliza el funcionario.
