En cuarto lugar figura el robo y destrucción de propaganda electoral (7%); robo de urnas (7%) y uso de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición a favor de un candidato o partido político (6%).
Además, se iniciaron 48 carpetas de investigación por delitos del orden común, relacionados con motivo del proceso electoral, como amenazas (48%); robo (13%); robo a casa de campañas (8%); privación ilegal de la libertad (8%); lesiones (3%); disparos de arma de fuego (3%) y daños por incendio, suplantación de identidad, asalto, homicidio, abuso sexual y otros, con 2% respectivamente.
Otras 6 carpetas se iniciaron por hechos denunciados por precandidatas por el delito de violencia política contra mujeres y 57 por denuncias hechas por funcionarias municipales como presidentas, síndicas, regidoras, secretarias municipales y otras servidoras públicas en ejercicio de cargo de elección popular.
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