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La sentencia se destaca porque es la primera que emite la Corte por un caso de desaparición forzada cometida contra dos luchadores sociales, y porque se reconoce este crimen no sólo como un delito sino como una grave violación a los derechos humanos y un crimen de Estado.
En la resolución, se ordena la realización de una serie de medidas de reparación integral que obligan al Estado a investigar y buscar a las víctimas hasta dar con su paradero y enjuiciar a los responsables.
Sin embargo, los familiares de Alberto Cruz y Edmundo Reyes se han encontrado con una serie de obstáculos para que se cumpla a cabalidad la sentencia de amparo de la SCJN, y el principal es la Sedena.
De acuerdo con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, a la fecha la Sedena no ha entregado los informes de inteligencia militar sobre la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel ni ha mostrado ninguna disposición para abrir sus archivos para dar con su paradero.
También fue la responsable en el retraso en el proceso de conformación de la Comisión Especial de Búsqueda al no presentarse en las primeras reuniones; y negarse a citar a declarar a sus mandos militares en instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), actos que retrasaron por varios meses la comparecencia de mandos militares como lo establece la sentencia y que hasta la fecha faltan algunos mandos por declarar, y se tardó en publicar un extracto de la sentencia en un diario oficial, como parte del reconocimiento de su responsabilidad.
A un año de la sentencia de la SCJN, no se ha solicitado la comparecencia del ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, las órdenes de aprehensión en contra de al menos 10 funcionarios que vieron en instalaciones gubernamentales a Edmundo Reyes y a Gabriel Cruz el 26 de mayo del 2007.
Así como las órdenes de aprehensión a los testigos que han incurrido en falsedad de declaración y que han cambiado sus testimonios para proteger a otros funcionarios implicados en la detención desaparición; ni se han solicitado las órdenes de cateo en diversos domicilios gubernamentales y particulares donde se presumen estuvieron o pudieran estar los dos eperristas.
“No se quiere reconocer que en Oaxaca el Estado mexicano desarrolló una política de Terrorismo de Estado. No se quiere reconocer que el Estado mexicano creó, entrenó y utilizó a grupos paramilitares para cometer graves violaciones a los derechos humanos en contra del pueblo de Oaxaca. No se quiere reconocer que la FPAR actuó en coordinación y supeditada a una estrategia federal y nacional contrainsurgente en contra del PDPR-EPR”.
Y puntualizó que tampoco se quiere reconocer que la cadena de mando de los responsables de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, no sólo implica al ex gobernador Ulises Ruiz, sino también a los altos mandos militares y al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Finalmente, destacó algunos avances a un año de la sentencia de la SCJN a favor de los familiares de los eperristas víctimas de desaparición forzada.
