Pese a orden de la Corte, Sedena niega información sobre miembros del EPR desaparecidos en Oaxaca

Oaxaca de Juárez.-  El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha sido el principal obstáculo para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto la detención y desaparición forzada de los miembros del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR), Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Hace un año, el 10 de agosto del 2022, la SCJN emitió la sentencia del amparo a favor de los familiares de los eperristas desaparecidos desde el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca.

La sentencia se destaca porque es la primera que emite la Corte por un caso de desaparición forzada cometida contra dos luchadores sociales, y porque se reconoce este crimen no sólo como un delito sino como una grave violación a los derechos humanos y un crimen de Estado.

En la resolución, se ordena la realización de una serie de medidas de reparación integral que obligan al Estado a investigar y buscar a las víctimas hasta dar con su paradero y enjuiciar a los responsables.

Sin embargo, los familiares de Alberto Cruz y Edmundo Reyes se han encontrado con una serie de obstáculos para que se cumpla a cabalidad la sentencia de amparo de la SCJN, y el principal es la Sedena.

De acuerdo con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, a la fecha la Sedena no ha entregado los informes de inteligencia militar sobre la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel ni ha mostrado ninguna disposición para abrir sus archivos para dar con su paradero.

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También fue la responsable en el retraso en el proceso de conformación de la Comisión Especial de Búsqueda al no presentarse en las primeras reuniones; y negarse a citar a declarar a sus mandos militares en instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), actos que retrasaron por varios meses la comparecencia de mandos militares como lo establece la sentencia y que hasta la fecha faltan algunos mandos por declarar, y se tardó en publicar un extracto de la sentencia en un diario oficial, como parte del reconocimiento de su responsabilidad.

El Comité, mencionó que en la FGR, existen por lo menos 32 actos de investigación que se han solicitado en el transcurso de estos años y los cuales aún no se han realizado. Por ejemplo, solicitar los informes a la Sedena y a la Secretaría de Marina (Semar), sobre la creación y entrenamiento y coordinación con la Fuerza Policial de Alto Rendimiento (FPAR) y los nombres de los funcionarios encargados de coordinar los operativos conjuntos. La FPAR, asegura, estuvo involucrada en la desaparición forzada de los dos eperristas.

Tampoco se han solicitado los informes acerca del llamado Centro de Estudios Gubernamentales, institución creada para labores contrainsurgentes en el Estado de Oaxaca; los informes de inteligencia militar elaborados por la Octava Región militar en Oaxaca del año 2007, y un nuevo análisis de sábanas del teléfono de Edmundo Reyes, el cual estuvo activo 4 meses después de su detención y desaparición.

A un año de la sentencia de la SCJN, no se ha solicitado la comparecencia del ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, las órdenes de aprehensión en contra de al menos 10 funcionarios que vieron en instalaciones gubernamentales a Edmundo Reyes y a Gabriel Cruz el 26 de mayo del 2007.

Así como las órdenes de aprehensión a los testigos que han incurrido en falsedad de declaración y que han cambiado sus testimonios para proteger a otros funcionarios implicados en la detención desaparición; ni se han solicitado las órdenes de cateo en diversos domicilios gubernamentales y particulares donde se presumen estuvieron o pudieran estar los dos eperristas.

De la misma forma, tampoco se ha detenido al exprocurador de Oaxaca, Evencio Nicolás, y al exjefe de la Policía Ministerial, Pedro Hernández, quienes están prófugos de la justicia desde hace casi tres años por su responsabilidad directa en la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel.

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El Comité de Familiares, asimismo, denunció que la Comisión Nacional de Búsqueda se niega a reconocer que la detención y desaparición forzada de Edmundo y Gabriel se dio en un contexto que inicia, por lo menos, desde el año 1996, cuando se diseña, desde el Estado mexicano, la política contrainsurgente en contra del EPR. Y particularmente desde la creación de la FPAR en 1997 con el objetivo de localizar y eliminar a lo que se consideraba integrantes o simpatizantes de este grupo guerrillero.

“No se quiere reconocer que en Oaxaca el Estado mexicano desarrolló una política de Terrorismo de Estado. No se quiere reconocer que el Estado mexicano creó, entrenó y utilizó a grupos paramilitares para cometer graves violaciones a los derechos humanos en contra del pueblo de Oaxaca. No se quiere reconocer que la FPAR actuó en coordinación y supeditada a una estrategia federal y nacional contrainsurgente en contra del PDPR-EPR”.

Y puntualizó que tampoco se quiere reconocer que la cadena de mando de los responsables de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, no sólo implica al ex gobernador Ulises Ruiz, sino también a los altos mandos militares y al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Finalmente, destacó algunos avances a un año de la sentencia de la SCJN a favor de los familiares de los eperristas víctimas de desaparición forzada.

Entre esos avances mencionaron la conformación de la Comisión Especial de Búsqueda integrada el 3 de noviembre del 2022; la publicación del expediente completo de la desaparición forzada en la página oficial de la FGR, y la comparecencia de 14 mandos militares a pesar de las negativas de la Sedena por dilatar el proceso, y de las cuales aún faltan algunas por cumplimentar.