Retorno a clases debe ser con bases científicas que minimicen riesgo a la salud: Defensoría de Oaxaca

Oaxaca de Juárez.— Ante el llamado realizado por el gobierno federal para que este 30 de agosto se regrese de forma presencial a los centros educativos para el inicio del ciclo escolar 2021-2022, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), se pronunció para que el retorno a las aulas sea voluntario y apegado a las condiciones de salud y sanitarias de cada escuela, comunidad y entidad.

El órgano autónomo expresó que se debe  armonizar el derecho a la educación y a la salud de las niñas, niños y adolescentes (NNA), pero “bajo criterios técnicos y con base científica”.

Lo anterior, explicó, porque si bien debe considerarse importante la reanudación de clases presenciales, ésta debe realizarse con “la implementación de acciones que permitan minimizar el riesgo a la salud de los estudiantes y sus profesores, bajo una lógica de respeto irrestricto al interés superior de la niñez y adolescencia”. 

Según la Defensoría, garantizar el derecho a la educación no implica la correlativa eliminación del derecho a la salud, sino que se debe encontrar un equilibrio entre ambos derechos en cuestión. 

“De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos los países deben encontrar un equilibrio entre la ‎protección de la salud, la prevención de los trastornos sociales y ‎económicos, y el respeto de los derechos humanos frente a la pandemia por Covid-19”, apuntó el órgano autónomo.

La Defensoría consideró que, si bien existe una disposición general para regresar a clases próximamente, “ese retorno debe ser voluntario y valorado de manera específica por cada escuela, municipio y entidad federativa, además de que debe estar basado en las condiciones de salud pública que presente cada estado y acompañado de los protocolos sanitarios y de movilidad correspondientes”.

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Por ello insistió en que el regreso a clases debe ser consensuado con toda la comunidad escolar, es decir, con la participación de las propias autoridades educativas, padres y madres de familia, alumnado y magisterio. Así, detalló, además de garantizar la participación de todos los sectores, “se legitima la decisión tomada”.

Para la toma de dicha decisión, agregó es primordial contar con la información técnica y científica que las autoridades educativas y sanitarias puedan suministrar en relación al estado actual de la pandemia, así como en los protocolos que se tienen contemplados para la reapertura de los espacios educativos.

Además deben darse a conocer las medidas de prevención en la entrada, permanencia y salida de los alumnos, así como las adaptaciones del espacio físico y la cantidad de estudiantes en cada aula o centro, conforme a las indicaciones de las autoridades de salud. 

Para ello, la DDHPO resaltó que, se requiere la generación y difusión de protocolos de capacitación que garanticen a toda la comunidad estudiantil condiciones de higiene y desinfección, así como el suministro permanente de agua potable en las instalaciones educativas. 

Y señala que, el regreso a clases presenciales, implica también prever y adecuar las condiciones del sistema de transporte público, para que éste garantice condiciones sanitarias y de movilidad para las niñas, niños y adolescentes a los centros educativos y contar con el personal docente.

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Pese a ello, la Defensoría reconoce que la educación a distancia implementada en el ciclo escolar pasado, a raíz del cierre de escuelas, requirió de la disponibilidad de tecnologías digitales, que muchas comunidades de la entidad no cuentan, por lo que se acentuó la desigualdad de oportunidades, tanto en el ámbito urbano y más aún, en las zonas rurales en su mayoría habitadas históricamente por pueblos indígenas.

A estas carencias tecnológicas, asegura el organismo autónomo, se sumó la complejidad de realización de trabajos escolares cuando existía más de un o una estudiante en casa, así como el reto de la disponibilidad de tiempo de las personas adultas para asistirlos en estas actividades, sobre todo, aquellas madres y padres que tuvieron la posibilidad de trabajar de manera remota.

Ante ello, reitera que el derecho a la educación es un derecho llave, “que cuando se hace efectivo favorece el disfrute de todos los demás derechos”, mientras que cuando se niega, dificulta el acceso a los mismos. 

“En el desarrollo de la vida de las personas, muchos derechos son inaccesibles para quienes fueron privados de educación, en especial, aquellos relacionados al trabajo, salario justo, salud y seguridad social, o bien, problemas vinculados con la malnutrición, violencia y el embarazo adolescente son resultados de deficientes procesos formativos”, sostiene. 

Según datos de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la irrupción de la pandemia de Covid-19, en el mundo alrededor de 123 países determinaron el cierre de los centros educativos, como una de las medidas de contención del contagio, trasladando el proceso de aprendizaje a formatos en línea y a distancia. 

La propia OEA resalta que, a nivel global, cerca de mil 50 millones de estudiantes de todas las edades y niveles han sido afectados por el cierre de escuelas, incluyendo 258 millones de niños y adolescentes a quienes se ha limitado o modificado sus oportunidades educativas durante el confinamiento. 

En el caso de México, el sitio de análisis de datos “Statista Research Department” calcula que un total de 33.2 millones de niños y adolescentes fueron afectados por el cierre de escuelas en México a raíz de la pandemia: más de 28 millones de esos estudiantes estaban inscritos en escuelas de nivel primaria y secundaria, mientras que alrededor de 5 millones eran alumnos de preescolar.

Mientras que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) considera que la experiencia a nivel internacional demuestra que un cierre prolongado de escuelas puede afectar negativamente a toda una generación en el corto, mediano y largo plazo, provocando pérdida de conocimientos y habilidades.

En el caso de México, se suma a una crisis de aprendizajes ya existente antes de la pandemia.

Según la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor de 1.5 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 18 años no se reinscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionados con la pandemia.

“Para la DDHPO, es importante lograr un balance que garantice la salud pública y el derecho a la educación es una obligación básica para los diferentes niveles de gobierno, pero no solo de ellos, emergencias sanitarias como la que actualmente vivimos nos implica un esfuerzo colectivo de responsabilidad para atender las diferentes directrices que las autoridades sanitarias han señalado a lo largo de la pandemia”, señaló el órgano.

Y llamó a “no politizar el regreso a clases, pues esto provocaría que se perdiera de vista el elemento principal a garantizar en esta situación: los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.