Oaxaca de Juárez.– El 30 de marzo pasado, la localidad de San Miguel Reyes, en Putla Villa de Guerrero, en la Sierra Sur de Oaxaca, se tiñó de luto. Reyna Isabel Ortiz Jiménez fue asesinada y sus cinco hijos quedaron en la orfandad.
Había salido un día antes de su domicilio, a las 11 de la mañana, para buscar leña, pero nunca volvió.
Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia. Reyna fue asesinada con un machete y un arma de fuego. Como ella, 11 mujeres más perdieron la vida de forma violenta durante el mes de marzo. Hasta el 13 de abril de 2021, 28 mujeres habían sido asesinadas en Oaxaca, señala el registro del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos.
El feminicidio de Reyna Isabel causó indignación entre las colectivas feministas, que exigieron a las autoridades que se haga justicia para ella.
“Cinco hijos quedan en desamparo, huérfanos por feminicidio e invisibles a las autoridades”, citan un post en Facebook.
Foto: Roselia Chaca
Los hijos de Isabel forman parte de los 39 menores de edad considerados como víctimas indirectas de feminicidio desde 2020 a la fecha, de los cuales, 20 son hombres y 19, mujeres, según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
En Oaxaca, el número de menores de edad que se han quedado en orfandad en la última década ha causa de la violencia feminicida se cuenta por cientos. Sólo de 2010 a la mitad de 2018, el Congreso local estimaba en 544 las niñas y niños que quedaron en desamparo; mientras que hasta septiembre de 2019, 130 menores de edad, cuyas madres fueron víctimas de feminicidio, recibían apoyo del gobierno estatal.
Lo anterior luego de la desaparición del programa federal Seguro de Vida para Jefas de Familia, dependiente de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy Secretaría de Bienestar, lo que dejó en la incertidumbre a las víctimas que a través del programa recibían apoyos económicos.
El padrón, que en agosto de 2019 sumaba 119 niñas y niños, fue absorbido por el gobierno estatal. Esto porque en la 64 Legislatura determinaron que le corresponde al gobierno estatal tutelar los derechos de las víctimas indirectas de violencia feminicida, principalmente niñas y niños, y para ello reformaron el artículo 22 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.
Sin embargo, de acuerdo con las organizaciones sociales feministas, hasta el momento no hay un padrón exacto de cuántos son los menores que quedaron huérfanos por ese delito y cuando estos crímenes suceden en el entorno rural o en comunidades indígenas, como en el caso de Reyna Isabel, las víctimas indirectas son invisibilizadas, señalan.
Foto: Roselia Chaca
A esta incertidumbre sobre el número real de menores de edad en orfandad se suma el hecho de que la mayoría de las muertes violentas de mujeres en Oaxaca no se indagan como feminicidio.
EL UNIVERSAL informó en marzo pasado que, de acuerdo con datos oficiales de la fiscalía, entre 2017 y 2020 fueron asesinadas en Oaxaca 524 mujeres, pero sólo 149 de estas muertes violentas se investigaron finalmente como feminicidio, mientras que al resto se le consideró como homicidio, lo que representa apenas un 28.4% del total, es decir, menos de tres muertes de cada 10.
Esta tendencia se mantiene en lo que va del 2021. Mientras GES Mujer contabilizaba hasta 13 de abril el asesinato de 28 mujeres; datos oficiales de la Fiscalía de Oaxaca indican que sólo 10 de estos crímenes se tipificaron como feminicidio; en total, de 2020 a la fecha, el mismo periodo en el que se acumulan 39 menores huérfanos por la violencia feminicida, suman 46 las muertes violentas de mujeres que se indagaron como feminicidio
Ante un panorama que se repite a nivel nacional, en diciembre de 2020, la Cámara de Diputados federal aprobó reformas legales para apoyar a niñas y niños víctimas indirectas de homicidio o feminicidio, es decir, cuando queden huérfanos de padre o madre.
Estas reformas a la Ley General de Víctimas permiten garantizar el respaldo del Estado, servicios de salud, educativos, apoyo sicológico, e incluso, acceso a reparación del daño, a los niños, niñas y adolescentes cuyas madres, padres o tutores hayan fallecido a causa de homicidios y feminicidios, cuyos recursos se obtendrán del presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como de los recursos estatales, sin que se contemple la intervención del gobierno federal para ello.
El Instituto Nacional de las Mujeres calculó que entre diciembre de 2018 y junio de 2019 los huérfanos por violencia en México suman entre 3 mil 400 y 4 mil 245 niños y niñas, respectivamente.
El pasado 1 de abril, la diputada Mónica Bautista Rodríguez exigió al gobierno federal investigar como feminicidio el asesinato de Reyna, cuyo asesinato dejó en orfandad a sus cinco hijos.
