Adeudan los SSO 187 mdp a financieras; 15 son ilegales

La Condusef determinó que 42% de las 35 empresas que prestaban servicios financieros no contaban con registro ni autorización para operar
Ilustración: Rosario Lucas / EL UNIVERSAL
13/03/2018
05:13
Juan Carlos Zavala
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
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Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) firmaron contratos con 35 empresas que proporcionan servicios financieros, como préstamos crediticios, 15 de las cuales no están reguladas ni cuentan con registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Cuando el ex titular Juan Díaz Pimentel tomó en enero las riendas de los SSO, dio a conocer que  la dependencia adeuda a esas 35 empresas, denominadas “terceros no institucionales”, más de 187 millones de pesos, correspondientes  a retenciones del  periodo de marzo a diciembre de 2017, pues el dinero que debía destinarse al pago de los créditos de los trabajadores fue desviado por los SSO para cubrir los salarios de lo que en su momento Díaz Pimentel calificó como una nómina “inflada”.

Además de ese monto, los SSO debían 3 mil 900 millones de pesos: dos mil 400 millones  al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y mil 500 millones  a los fondos de pensiones, vivienda y de servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),  acreedores llamados “terceros institucionales”. 

Según información oficial, la deuda conjunta provocó que personal de los SSO cayera en el buró de crédito, no fueran reportados sus pagos respecto a la vivienda, que un centenar de trabajadores no se pueda jubilar —debido al desvío de los recursos del fondo de pensiones— y que se reporten sanciones para pago de intereses.

Por ello, el 15 de febrero pasado  los SSO  informaron  que se suspendían los pagos a estas empresas financieras por tres quincenas, “con el objeto de establecer estrategias que se traduzcan en beneficio de los trabajadores, lo que implica sostener pláticas con dichos acreedores y buscar alternativas a favor de la base trabajadora”.

El documento estaba dirigido a los líderes sindicales de las secciones 35, 73, 94 y 71 del SNTSA y fue  firmado por Francisco Javier Cornejo Roldán, subdirector general de Administración y Finanzas de los SSO. Paralelamente, la dependencia solicitó a la Condusef informar el estatus legal de las 35  instituciones financieras contratadas por los SSO y la Sección 35 del sindicato, las mismas  con las que se mantenían adeudos.

De acuerdo al informe de la Condusef, al que   tuvo acceso EL UNIVERSAL,  de esas 35 empresas, 15 (42%) se encuentran en  ilegalidad porque “no están debidamente registradas ni autorizadas como instituciones financieras”;  algunas que en su momento estuvieron registradas no renovaron su registro, por   otras se emitieron alertas por no “estar localizables”.

Las contrataciones de estas empresas fueron a solicitud de la Sección 35 para que los SSO funcionaran sólo como “retenedora” de los descuentos a los trabajadores.

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Ex funcionarios vinculados

De acuerdo a los convenios, estas empresas fueron contratadas a solicitud del sindicato. Dichos documentos fueron firmados por el entonces secretario de Salud, Germán Tenorio; el secretario general de la Sección 35 del SNTSA, Mario Félix; el director de Administración de los SSO, Rubén  Portillo; el director de Asuntos Jurídicos de los SSO, Jorge  Holder, y los representantes de las empresas.

En los convenios, firmados en 2014 por una extensión de tres años, las empresas contratadas  se comprometen a dar atención personalizada a los trabajadores de los SSO que adquieran un crédito, también a  no verificar el buró de crédito de quienes soliciten un préstamo.

Asimismo se comprometían a no boletinar a los trabajadores ante el buró de crédito, a no requerir avales ni garantías para dar  los créditos, así como a  implementar programas de refinanciamiento para los trabajadores y evitar afectar su economía. Además,  los empleados podrían adquirir bienes de consumo como electrodomésticos, muebles, equipo de cómputo y otorgar préstamos en efectivo, hasta servicios funerarios, entre otros.

Por su parte, los SSO se comprometían a informar a la empresa de “la capacidad de pago de cada uno de sus empleados, con el objeto de que ésta checara la viabilidad del crédito a otorgar, tomando en cuenta principalmente sus ingresos”, también debían  retener, de manera quincenal e ininterrumpida, a los empleados las cantidades que se tuvieran que entregar a la empresa quincenalmente por concepto de “amortización del financiamiento o préstamo que se le hubiera otorgado”, hasta el pago total del financiamiento o préstamo que otorgue la empresa.

Las instituciones financieras que carecen de registro ante la Condusef son Operación y Auditoría (Crediempleado), Apoyándote,  Corporativo Financiero de Negocios, Foster Capital, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, Consulta Curiel & Asociados, Cía. Comercial COMERNOVA, FMM Administradora, Naser de Antequera, Organización Cultural de Chiapas, Programa Educativo Nacional, Desarrolladora de Negocios Profinance, Total Credit, La Tenda México, y ETESA (Ediciones, Tratados y Equipos).

El pasado 26 de febrero, los SSO  acordaron con estas empresas el pago de  las retenciones de enero, así como la cancelación de sus servicios    a partir del primero de febrero;  es decir, la dependencia estatal ya no será “retenedora” de los descuentos y serán  los trabajadores quienes pagarán directamente a las empresas.

Sobre el adeudo de 187 millones de pesos, estipularon que a fines de marzo los SSO pagarán 10%  y que   no se afectará el historial crediticio de los trabajadores, no se les cobrará intereses moratorios, ni se les enviará al buró de crédito.

En casos de  trabajadores que  terminaron de pagar  créditos contratados pero   reflejen adeudos porque no se entregaron sus retenciones, los SSO aseguraron que “se realizará un análisis para cubrir dichas retenciones y así liberar la documentación relacionada con la extinción del crédito”.

 

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