Desinterés de partidos opaca política de género

Funcionarios no cuentan con capacitación en temas de violencia y feminicidios, afirman especialistas.

Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL
Nación 17/02/2019 15:20 Carina García Ciudad de México Actualizada 15:53

En el discurso, este  es el tiempo de las mujeres en la política, de vencer las desigualdades, erradicar la violencia de género y  los feminicidios. “Nunca más un México sin mujeres”, dicen los políticos. En los hechos, en vez de capacitación, los partidos prefieren darles mandiles, camisetas, pulseras rosas.

Han gastado millones de pesos en eso y en gasolina, sueldos, vehículos, escobas, botanas o encuestas, para simular que cumplen con la ley, que les ordena destinar una parte de sus recursos  para fomentar el liderazgo político de las mujeres.

En 2008, se hizo obligatorio que los partidos ejercieran al menos  2% del total de su financiamiento público ordinario con ese fin.  En 2014, ese monto se elevó a 3%.

De 2008  a 2018 el recurso etiquetado suma 914.9 millones de pesos, buena parte han sido usados como “caja chica” de los partidos de todos los colores, mismos que aún hoy, pese a que  la fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) es más severa, todavía incurren en simulación.

Así lo han documentado las especialistas Natividad Cárdenas Morales, presidenta del Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres, e Irma Méndez de Hoyos, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

En 2008, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)  compró mandiles  y pulseras, en 2009 un auto Jetta por 142 mil pesos para trasladar a una dirigente y rentó vehículos con cargo al fondo de apoyo al liderazgo político femenino. Ahora prefiere imprimir panfletos que  supuestamente cuestan millones.

“Es una publicación de 25 páginas sobre participación política de las mujeres, llevan como tres ediciones y todo el recurso se va en eso, 5 o 6 millones de pesos en algo que no aporta. Así actúan hoy la mayor parte de los partidos: pagan folletos o cursos, pero no se cumple con el objetivo, pues hay  una completa  desvinculación entre quienes reciben esa formación y  el acceso a una candidatura, cargo de elección popular o de administración pública, lo que permitiría que 3% incida en mejores leyes o políticas públicas”, dice Cárdenas Morales.

El caso de la diputada de Morena en Veracruz Ana Miriam Ferráez,  cuya solución a la violencia feminicida es un toque de queda para mujeres a partir de las 22 horas, “es un ejemplo de la completa ignorancia sobre la perspectiva de género aplicada a las políticas públicas”, agrega.

“Así como ella, muchas compañeras están ejerciendo el poder sin estar capacitadas y no es su culpa, la cuestión es que los partidos no han entendido que ese dinero  sirve para generar una cultura de participación, defensa de los derechos de las mujeres y tener políticas públicas más eficaces que nos permitan eliminar feminicidios o  la violencia política”, asevera.

Hoy, no ejercer ese recurso etiquetado en lo que se debe, afirma, es uno de los factores de ese estado de cosas.

Para Irma Méndez de Hoyos es necesaria una nueva fase, en la que el INE revise a cabalidad la metodología de los estudios y cursos pagados con ese fondo y verificar que sean impartidos por instituciones públicas u organizaciones  reconocidas.

“Hay libertad de los partidos, pero si se involucran recursos públicos deben ponerse más reglas sobre en qué gastar para elevar la calidad”, manifiesta.

En septiembre pasado el INE emitió un protocolo para buenas prácticas en el ejercicio de ese 3%, en el que reitera las obligaciones a los partidos en la planeación de ese gasto. Se pretende que todo proyecto emprendido tenga justificación, indicadores, cronograma, reporte de actividades, de asistentes y de resultados, además de evidencias como fotografías, videos o material didáctico empleado.

Pero hoy,  parte de esos candados,  ya existen y sin embargo hay resistencia a cumplir. No informan al INE para que no se verifiquen las actividades, presentan evidencias inconsistentes,  gastan mal o de plano no ejercen el financiamiento, “hay una renuencia sistemática de los partidos” agrega Méndez.

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