Plan de rescate económico deja fuera a oaxaqueños en el sector informal: diputados de Morena

Oaxaca de Juárez—. Diputados que conforman la fracción parlamentaria de Morena en la 64 Legislatura del Congreso del Estado cuestionaron el Programa de Incentivos y Apoyos para la Estabilidad Económica anunciado ayer por el gobernador Alejandro Murat,  en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19 —que hasta el momento ha dejado 35 pacientes positivos y una persona fallecida en Oaxaca.

Los legisladores locales sostuvieron que el plan “se quedó corto”. Explicaron que prevé un programa de diez acciones que incluyen principalmente condonación y disminución de impuestos, otorgamiento de créditos, financiamiento de empleo temporal, capacitación para el trabajo, entrega de despensas, y eventos de promoción turística. 

Con esas acciones, de acuerdo con el gobernador, se apoyará a cinco mil 200 empresas para preservar cerca de 20 mil empleos. 

Aseguraron que aunque el planteamiento es correcto, es absolutamente insuficiente, pues no toma en cuenta que la mayoría de la población oaxaqueña depende de la economía informal.

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De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondientes al último trimestre del año pasado, 360 mil 837 personas en Oaxaca están ocupadas en el sector formal de la economía, que representan menos de una cuarta parte de las un millón 486 mil 136 personas ocupadas en el sector informal. 

“Por ello, es necesario hacer un ejercicio de creatividad para beneficiar realmente a la economía de las familias, pues ayudar a las empresas para beneficiar indirectamente a sus trabajadoras y trabajadores, si bien puede ser positivo, puede ser también totalmente insignificante frente al tamaño de las necesidades del pueblo de Oaxaca frente a la contingencia actual y la que está ya en puerta”, declararon.

Los diputados puntualizaron que no están en desacuerdo con otorgar cierto tipo de apoyo a los empresarios, pero Oaxaca debe contar con un plan que observe la inminente disminución radical o desaparición de las remesas enviadas por los migrantes en Estados Unidos, o los campos agrícolas del norte del país, a los artesanos que quedarán sin ingresos por la suspensión de actividades turísticas, a los empleados temporales que no serán contratados por la industria del turismo, y a los campesinos que además pueden ser la clave para paliar una posible crisis alimentaria.

Sobre considerar los 48 proyectos de infraestructura dentro del plan económico, con los que se sumarán los mil 270 millones de pesos de inversión anunciados, opinaron que no deben ser incluidos en el mismo. 

Lo anterior dado que esos 48 proyectos están señalados con una inversión de 648 millones de pesos, entonces la inversión real de las diez medidas anunciadas sumaría un total de 622 millones de pesos. 

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Acerca de estos proyectos de infraestructura, apuntaron, es necesario hacer notar que se trata de acciones previstas por el Congreso del Estado de Oaxaca en el decreto 809, aprobado el 3 de octubre de 2019, por el cual autorizó al Ejecutivo la contratación de financiamiento por 3 mil 500 millones de pesos para destinarlo a inversiones público-productivas. 

“Así, más de la mitad de las obras y los recursos anunciados como parte de su programa para hacer frente a la contingencia económica derivada de la pandemia, son en realidad obras y recursos que el Congreso del estado ya había aprobado, etiquetado, y cuya ejecución no obedece a la necesidad de paliar los efectos de la emergencia sanitaria, sino a su obligación de ejercer los recursos conforme fueron previstos”, señalaron los morenistas en un pronunciamiento.  

Ante ello, esta fracción parlamentaria solicitó al gobernador establecer una mesa técnica para reformular el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, incluyendo la revisión de los recursos previstos para los tres Poderes de la entidad.

Además, dijeron que las acciones anunciadas por el gobernador requieren contar con reglas de operación y lineamientos mínimos básicos, que deben ser formulados y difundidos con toda la transparencia, oportunidad y claridad que requiera la población objetivo.

“A fin garantizar el acceso equitativo a esos beneficios, e igualmente el padrón de personas beneficiarias, debe cumplir con el principio de máxima publicidad, para evitar la corrupción”, anunciaron.