Acuerdo de AMLO servirá para que autoridades actúen contra bloqueos y protestas, dice titular del Interoceánico

Cancún, Q. Roo.- El director general del megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín, explicó hoy en Cancún que el Acuerdo que declara como de interés público y seguridad nacional, todos los proyectos del gobierno federal, no solo facilitará la reducción de los trámites y tiempos que impiden el avance de las obras, sino también garantizará la intervención veloz de la autoridad para contener probables bloqueos carreteros. 

“Esto nos va a ayudar a hacer más ágil la tramitología y por el otro, pues el que se declaren instalaciones estratégicas los proyectos, también nos ayudan a que puedan intervenir inmediatamente las autoridades en caso de bloqueos y este tipo de cosas”, dijo en referencia a protestas, luego de presentar detalles del Corredor Interoceánico ante afiliados a la Coparmex Quintana Roo.

El funcionario aseguró que, en este momento, no padecen de ningún problema con los trámites, pero próximamente iniciarán con los procesos de licitación de la vía que va de Palenque, Chiapas, a Coatzacoalcos, Veracruz y de Ixtepec, Oaxaca, a Tapachula, también en Chiapas, momento en que harán efectivo el Acuerdo. 

Marín Mollinedo se quejó de que, en materia ambiental, el propio gobierno se ha enfrentado a que, al presentar a evaluación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de algún proyecto, la dependencia la devuelve “por una coma” o se tardan meses en analizarla, cuando podrían evaluarla “en dos o tres días”. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), por ejemplo, establece que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), posee un plazo de 60 días para evaluar una MIA, lapso que puede aumentar dependiendo de la complejidad y magnitud del proyecto, así como de la información adicional que se solicite al promovente, ya que el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) no es discrecional y atiende a un análisis técnico e incluso de campo.

También existen plazos establecidos legalmente para tramitar y obtener los cambios de uso de suelo en terrenos forestales, las factibilidades de las obras, las licencias de construcción de éstas y una serie de permisos y autorizaciones vinculadas con la elaboración de estudios de todo tipo, cuyos plazos rebasan los cinco días que el Acuerdo pretenden imponer para dar por aprobados los proyectos. 

“Eso no quiere decir que vayamos a ser arbitrarios. Sí tenemos que cumplir; si vamos a solicitar una Manifestación de Impacto Ambiental necesitamos cumplir con las leyes, si no, nos la van a ‘tumbar’; lo que ayuda es que sí se va a agilizar las cosas. Tenemos que cumplir y ser respetuosos, porque sí lo estamos haciendo, pero el trámite es un problema. 

“Por ejemplo, tú para meter la Manifestación de Impacto Ambiental te dicen: ‘Dentro de un mes la vamos a revisar y te vamos a contestar, cuando lo pueden hacer en dos o tres días, la verdad, pero la ley dice un mes, entonces es de las cosas que (el Acuerdo) nos va a ayudar a simplificar”, sostuvo. 

Al cuestionarlo si un proyecto como el del Corredor Interoceánico, por su extensión y complejidad se evalúa en dos o tres días, respondió: “Ahí lo vamos a ver”. 

Por separado, el presidente de la Coparmex Quintana Roo, Sergio León, indicó que la iniciativa privada reprueba el Acuerdo. 

“Definitivamente como Coparmex estamos totalmente en contra que se declaren los proyectos del gobierno como de seguridad nacional; la verdad es que violenta la Constitución, fomenta la opacidad, es un modelo que nunca ha existido en nuestro país y no debería de existir”, subrayó. 

Para el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), Francisco Córdova, afirmó que el Acuerdo “es una medida desesperada”, para darle salida a proyectos que, por su magnitud, alcance y costo, rebasan los seis años de construcción. 

“Ese Acuerdo se toma por la desesperación de terminar obras en seis años; hay gente que respeto, que dice que es la única opción que tenía el presidente.  

“Pues sí, es la única (alternativa) cuando te planteas una meta que no es la correcta de querer terminar obras tan complejas en seis años y tienes que acudir a situaciones que son, para mí, desesperadas y la desesperación nunca ayuda”, dijo, al señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), muy seguramente lo dejará sin efecto. 

Carlos Constandse, del Grupo Xcaret, consideró que debe haber “piso parejo” en cuanto a lo que se exige al gobierno federal y a la iniciativa privada con relación a los trámites y plazos, además de no obviar la presentación de estudios y obtención de permisos a que obliga la ley. 

El 22 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que declara “de interés público y seguridad nacional”, obras gubernamentales federales en materia de infraestructura de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos y aeropuertos. 

También aquellos que, por su complejidad, objeto, características, naturaleza y magnitud, se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional.

Mediante el acuerdo, López Obrador instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a otorgar una autorización provisional a la presentación y obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras antes mencionadas y con ello “garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”. 

La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo. 

“La autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva”, se lee. 

Abogados, ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y organizaciones de la sociedad civil han coincidido en señalar que López Obrador se ha extralimitado en sus atribuciones, pues no puede modificar los plazos marcados por la legislación vigente. 

Afirman, que el Acuerdo es inconstitucional y violatorio de los derechos humanos, porque no solo fomenta la opacidad, al posibilitar que la información sobre las obras se declare bajo reserva, sino desarma legalmente a la ciudadanía que se ampara, inconforme con los proyectos, al tener un efecto inhibidor de las suspensiones judiciales.