Congreso de Oaxaca aprueba la reforma al Poder Judicial del Estado; elección de jueces y magistrados, hasta 2027
Con esta aprobación se crea el Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, desintegrando así al actual Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca y la Sala de Justicia Indígena
La 66 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó la reforma constitucional al Poder Judicial del Estado, con la que se someterán a una elección popular las personas que estén interesadas en fungir como jueces y magistrados.
El proyecto de decreto de reforma a la Constitución Política local fue con el fin de adecuarla para realizar la renovación de los cargos de elección del poder judicial local; fue aprobado con 30 votos a favor y dos en contra.
En el dictamen se reduce de 28 a 16 magistraturas, la renovación de la totalidad de los cargos de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Oaxaca, juezas y jueces de primera instancia y de los juzgados en materia laboral del Poder Judicial, se realizará en el año 2027.
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Además, crea el Tribunal de Disciplina Judicial que se integrará por tres magistradas o magistrados, que durarán seis años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada y podrán ser electos para un nuevo período, así como un Órgano de Administración Judicial, el cual se integrará por tres personas que durarán en su encargo seis años improrrogables, de las cuales, una persona será designada por el Gobernador; otra por el Congreso del Estado; y una por el Poder Judicial.
Con la creación de estas dos instituciones se desintegrará el actual Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca y desaparece además la Sala de Justicia Indígena.
Asimismo, establece que en el caso de las elecciones de magistraturas del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina serán estatales y para las elecciones de juezas y jueces de primera instancia, se realizarán por distrito judicial.
Mientras que las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los jueces de primera instancia y en materia laboral durarán en su cargo nueve años. En el caso de las y los magistrados no podrán ser reelectos. Por su parte, juezas y jueces podrán ser reelectos en una ocasión de forma consecutiva.
Y en el caso de quienes integren el Tribunal de Disciplina durarán seis años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada y podrán ser electos para un nuevo período.
En lo que respecta a la forma de selección de cargos en el Poder Judicial, esta se realizará con procesos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y paritarios.
También se estableció que la remuneración que perciban por sus servicios las magistradas y los magistrados, las juezas y los jueces, y demás personal del Poder Judicial, no podrá ser mayor al establecido para la Gobernadora o Gobernador del Estado.
De igual manera, promete que el cargo de las magistraturas no generará derecho a jubilación y que se respetarán los derechos laborales de las y los trabajadores.
La diputada local por Movimiento Ciudadano, Alejandra García Morlan, exigió retirar el dictamen porque no se presentó en tiempo y forma a todos los diputados para su análisis y con ello emitir un voto razonado y fundamentado.
Javier Casique Zárate, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), externó que su voto sería en contra, “de la misma forma que ocurrió en el Senado de la República y la Cámara de Diputados Federal, y comentó que la impartición de justicia es uno de los actos de mayor soberanía que tiene nuestro estado y nuestros pueblos”.
Y la legisladora Analy Peral Vivar, de Morena, argumentó que, aunque considera que la reforma carece de elementos que puedan garantizar la representación de los pueblos originarios.
