Decreta Congreso de Oaxaca hasta 12 años de cárcel para quienes estafen a migrantes

Este decreto llega en un momento de emergencia migratoria en la frontera sur del país, pues la entidad se ha convertido en paso obligado para miles de personas provenientes de Haití y Centroamérica

Decreta Congreso de Oaxaca hasta 12 años de cárcel para quienes estafen a migrantes
Decreta Congreso de Oaxaca hasta 12 años de cárcel para quienes estafen a migrantes. Foto: Especial
Estatal 27/10/2021 17:54 Arlen Pimentel Actualizada 17:54

Oaxaca de Juárez.- El Congreso local decretó un castigo de hasta 12 años de cárcel y multas para aquellas personas que cometan el delito de fraude por estafa contra personas migrantes que pasen por el estado.

De acuerdo con la LXIV Legislatura este delito es aquel que se realiza por medio de engaños a otra u otras personas, para conseguir un beneficio sin dar ni tramitar lo que había prometido o lo que se esperaba de ella, al haber recibido documentos personales y recursos económicos probados.

Además, el castigo aumentará en una cuarta parte de la pena determinada, cuando las personas migrantes sean mujeres, indígenas, niñas y niños, de acuerdo con la reforma dictaminada por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.

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“Lo anterior mediante la adición al Artículo 380 Ter al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que establece sancionar de 3 a 12 años de prisión y multa de hasta dos veces el valor de lo defraudado por cada acto realizado”, señaló el Congreso en un comunicado.

La reforma, impulsada por la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz y el diputado Gustavo Díaz Sánchez, garantiza el derecho que toda persona tiene, de salir y entrar de la República Mexicana, sin que personas la obstaculicen mediante fraude.

Este decreto llega en un momento de emergencia migratoria en la frontera sur del país, en la que Oaxaca es uno de los estados que se ha convertido en paso obligado para miles de personas provenientes de Haití y Centroamérica.

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Activistas defensores de Derechos Humanos, como el sacerdote Alejandro Solalinde, han denunciado actos de corrupción por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), en especial los relativos a la venta de documentos legales.

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