Pide Defensoría de Oaxaca sancionar a policías de San Sebastián Tutla por detenciones arbitrarias

Oaxaca de Juárez.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó al ayuntamiento de San Sebastián Tutla sancionar a los policías municipales que participaron en detenciones arbitrarias y golpearon a tres personas sin ninguna justificación.

El organismo dio un plazo no mayor a 30 días hábiles, se inicie el procedimiento interno de responsabilidad administrativa en contra de los elementos policíacos que intervinieron en los hechos, y una vez que se integre siguiendo las reglas del debido proceso, se impongan las sanciones a que haya lugar por las violaciones a derechos humanos cometidas.

De acuerdo con la Defensoría, el 29 de abril de 2021 policías municipales golpearon a un hombre alrededor de las 18:50 horas, y posteriormente lo llevaron detenido; este hecho, fue grabado por una persona que observó el momento de la aprehensión y la manera en que fue golpeado.

Un mes después, los policías municipales identificaron a la persona que los grabó. Éste viajaba en una motocicleta con otra persona en las inmediaciones de Santa Cruz Amilpas, cuando ambos escucharon el sonido de una sirena y vieron una motocicleta en que iban dos elementos de la Policía Municipal de San Sebastián Tutla.

Siguieron avanzando hasta que la moto patrulla los alcanzó y los elementos les hicieron señas para que detuvieran su marcha. Uno de los policías les apuntó con un arma larga, y tiró al piso al hombre que los había grabado y comenzó a golpearlo.

Posteriormente bajaron a su acompañante y también comenzaron a golpearlo, los elementos pidieron la presencia de más policías y al lugar arribaron cerca de 20 policías municipales, que le dijeron que su detención se debía a que había atropellado a una persona.

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Cuando los elementos de la policía municipal se dieron cuenta que estaban siendo grabados por personas que se encontraban en los alrededores, dejaron de golpearlos.

“Al saber el motivo pidió dejaran en libertad a su acompañante, sin embargo los subieron a ambos a la batea de una camioneta blanca sin logotipo, en la que los trasladaron al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, únicamente para que los certificaran medicamente, para después llevarlos a los separos del Ayuntamiento de San Sebastián Tutla, Oaxaca, en los que estuvieron aproximadamente tres horas”, según el relato de las víctimas a la DDHPO.

Después, ambos fueron llevados ante el Síndico Municipal y el asesor jurídico del Ayuntamiento. El primero de ellos les hizo saber que la persona que supuestamente había atropellado no se había presentado, y que para obtener su libertad cada uno debía pagar la cantidad de 500 pesos.

Las víctimas pagaron los 500 pesos respectivamente y les regresaron su motocicleta. Los policías afirmaron a los familiares de las víctimas que su detención se debió a que habían golpeado a elementos de la policía, después de lo cual se había dado a la fuga y que lo detuvieron momentos después.

Ante esto, la DDHPO también solicitó al ayuntamiento de San Sebastián Tutla que en un plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir de la aceptación de esta Recomendación, en el caso de que así lo soliciten, se proporcione la atención psicológica correspondiente, como víctimas de los hechos ocurridos.

Además, que en un plazo de 120 días hábiles contado a partir de la aceptación de esta Recomendación, en coordinación con las víctimas, se realicen las acciones tendientes a reparar el daño causado, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca y de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos.

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Y que en un plazo no mayor a 120 días naturales, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se realice un acto de reconocimiento de responsabilidad satisfactorio y disculpa pública en favor de PA1 y de PA2, mismo que deberá ser acordado con los agraviados y con esta Defensoría.

También que se giren instrucciones a los elementos de la Policía Municipal de ese ayuntamiento a efecto de que “ciñan su actuación a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; asimismo, para que en caso de realizar detenciones lo hagan acorde a los supuestos normativos aplicables al caso concreto”, entre otras recomendaciones.