Crecen amenazas contra comuneros de Tilzapote tras avance en defensa de 300 hectáreas de playa en Oaxaca
En los años de lucha, comuneros han sido detenidos e intimidados al evitar que supuesto matrimonio se apropie de 300 hectáreas de tierras comunales; abogados cuentan con escoltas
Oaxaca de Juárez.– El 18 de abril, un juez federal dictó vinculación a proceso contra Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, un supuesto matrimonio que se asume propietario de 300 hectáreas de playa en Tilzapote, comunidad de Santa María Tonameca. Esta resolución supone un avance para comuneros que han denunciado el despojo de sus tierras por décadas, dice la abogada Edith Santibáñez.
Estas dos personas presentaron escrituras falsas de una compra-venta en 2002, de las cuales hay indicios que se prefabricaron con la notaria María Antonieta Velásquez Chagoya, y que misteriosamente se registraron hasta 2018 en el Registro Público de la Propiedad ubicado en San Pedro Pochutla.
A partir del fallo del juez, las amenazas contra la abogada Edith Santibáñez, el abogado Wiliam Méndez y los comuneros y comunas se incrementaron, por lo que a los defensores se les designaron escoltas para proteger su integridad.
Edith Santibáñez explica a EL UNIVERSAL que tomó el caso en 2018, cuando ya existía una sentencia en contra del pueblo de Tilzapote.
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“Hemos luchado muchísimo porque hubo grandes órdenes en los juzgados federales para el despojo, para el desalojo de esta comunidad, se tuvo que buscar al Presidente de la República, que instruyó a sus funcionarios que retomaran y revisaran el tema”.
Desde 2008, el supuesto matrimonio ganó un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA), que los reconoce como propietarios de estas tierras. En 2010 pusieron una denuncia ante la fiscalía, que solicitó detener a 60 comuneros.
Foto: Especial
El juez resolvió que no había elementos para ejecutar las órdenes de aprehensión; pero el MP apeló y el asunto se fue a la Primera Sala Penal y es aquí donde libran la orden de aprehensión contra los comuneros, quienes fueron encarcelados por más de un mes, en 2011, acusados de despojo.
Lo que advirtieron en la comunidad es que las autoridades agrarias y del Poder Judicial de Oaxaca se confabularon para despojar a la comunidad de 300 hectáreas de propiedad comunal a orilla de playa.
“Hemos interpuesto recursos de amparo que los han desechado porque había conflictos de intereses en diferentes instancias, como la delegación de la Procuraduría Agraria y el Tribunal Unitario Agrario del distrito 21, en Oaxaca”.
La abogada relata que después de revisar el expediente 414/2014 radicado en el Tribunal Unitario Agrario de Oaxaca, encontraron que no les dieron derecho a los comuneros a defenderse contra esa demanda.
También hallaron testimonios y documentos falsos, como las escrituras.
A raíz de eso, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por falsedad de documentos, de declaraciones y todo lo que resultara “porque había muchos vicios e irregularidades”, contra Pedro Martínez y Domitila Guzmán, y contra su representante legal, Ramiro Bravo Ruiz.
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Los dos primeros, supuestamente son un matrimonio que se hace pasar por dueños de esas 300 hectáreas. Ellos dicen que son comuneros, pero según Santibáñez, no hay ningún registro de este pareja ante el Registro Agrario Nacional (RAN) ni ante la Procuraduría Agraria que los acredite.
Además, nadie los conoce en Tilzapote. Fue hasta la audiencia de vinculación a proceso que los vieron por primera vez a través de una pantalla.
“Nunca han vivido ahí. Los ciudadanos que viven en Tilzapote, son personas que ahí nacieron, ahí crecieron. No es justo que digan que son comuneros cuando ni siquiera conocen la comunidad”, expone.
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La denuncia presentada ante la FGR es también contra quienes resulten responsables, y señalan a funcionarios del Tribunal Agrario, de la Procuraduría Agraria y del Registro Público de la Propiedad por el registro sospechoso de unas escrituras falsas de 2002 hasta 2018.
El avance en esta lucha de la comunidad de Tilzapote se debió a la solicitud realizada al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien instruyó a garantizar justicia para la comunidad. Sólo hasta ese momento se judicializó la denuncia que presentaron ante la FGR.
“Solamente así lo hicieron los de la FGR. Es lamentable el tráfico de influencias porque no querían judicializar. Nosotros suponemos que había intereses. Logramos que la judicializaran por recomendaciones y exigencias del propio Presidente. Tres meses nos difirieron las audiencias para vincular a proceso a los responsables”.
De acuerdo con los peritos del Poder Judicial de la Federación, cada una de las 300 hectáreas despojadas está valuada en 15 millones de pesos. Es decir, esas tierras a orilla de playa valen 4 mil 500 millones.
“Esas 300 hectáreas les interesa mucho apoderarse de ellas. Ya existen grandes contratos porque en marzo del año pasado iban a iniciar con la construcción de una zona hotelera”, agrega la abogada.
Edith Santibáñez adelanta que van a buscar otro acercamiento con el Presidente porque se cortaron las mesas desde que Olga Sánchez Cordero dejó la Secretaría de Gobernación. Al nuevo titular, César Augusto, no lo han podido localizar.
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“No queremos, pero si no hay de otra, lo haremos y nos manifestaremos hasta que nos reciban. Tenemos muchas cosas que informar, porque solamente ellos pueden abrirnos las puertas para acceder a la justicia”, sentencia.
