Inicia Fepade investigación sobre presunto delito electoral de funcionario de Oaxaca
De acuerdo con la autoridad han abierto 79 carpetas de investigación desde que inicio el actual proceso electoral, 29 de los cuales son de este 2018
La titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Oaxaca (Fepade), Esther Araceli Pinelo López, informó que abrió una carpeta de investigación sobre el homicidio de la comunicadora y trabajadora de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), María del Sol Cruz Jarquín.
En la investigación marcada con el número de expediente 65/Fepade/2018, se indaga si la víctima fue obligada a laborar en la campaña del candidato a presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Hageo Montero López --hermano del titular de la SAI, Francisco Javier Montero López--, pese a que era servida pública.
Cruz Jarquín fue asesinada junto con la candidata a segunda concejal de la planilla del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pamela Terán, y de un colaborador de nombre Adelfo Guerra, la madrugada del sábado en Juchitán de Zaragoza, municipio del Istmo de Tehuantepec.
La madre de la joven y periodista Soledad Jarquín ha denunciado que su hija fue obligada a trabajar en la campaña electoral o de lo contrario sería despedida de la SAI, donde apenas llevaba poco más de cinco meses trabajando como Jefa del Departamento de Comunicación Indígena.
“Ya se giraron los oficios e investigación, para que los agentes estatales de investigación inicien con las entrevistas correspondientes para reunir los elementos de prueba y en su caso fincar responsabilidades.
“El artículo 11 y 13 de la ley electoral hablan de los delitos, una de las primeras es que no se puede amenazar o coaccionar para que servidores públicos participen en proselitismo o en campañas electorales. Tampoco se puede prestar el apoyo como servidor público o a través de sus subordinados realizar estos actos”, explicó la fiscal a EL UNIVERSAL.
Pinelo López insistió en que se está en la etapa de investigación para deslindar responsabilidad y en cuanto se tengan más elementos sobre los resultados de las indagatorias, se informará sobre los avances del caso.
En el actual proceso electoral que inició en septiembre de 2017, agregó, se han abierto 79 carpetas de investigación sobre la comisión de presuntos delitos electorales. Un total de 50 casos fueron denunciados el año pasado y van 29 en 2018.
Los delitos electorales más denunciados son la falsificación de documentos, principalmente electorales, amenazas y coacción del voto.
“Hacemos un llamado a los servidores públicos para que inhiban la comisión de estas conductas que ellos saben que son un delito. No pueden desviar recursos públicos y humanos para las campañas o para hacer proselitismo a favor de un candidato o de un partido político”, puntualizó Pinelo López.
