Logró IEEPCO 380 mdp para costear comicios
Sefin aprobó ampliaciones por 130 millones; proceso no termina el 1 de julio, dice instituto
En un contexto de violencia, Oaxaca tiene este domingo una jornada electoral concurrente en la que además de elegir al Presidente de la República, senadores y diputados federales, los ciudadanos deciden otros cargos de representación popular a nivel estatal. Se trata de 25 diputados de mayoría relativa y 17 plurinominales que conformarán la 64 Legislatura, así como 153 presidentes municipales y mil 77 concejales.
Para ambos procesos, el federal y el local, se instalarán 5 mil 418 casillas electorales, alrededor de 300 más que en las elecciones de 2016 en las que se eligió gobernador, puesto que el padrón electoral creció y podrán votar 2.8 millones de oaxaqueños.
El más caro
Para afrontar unos comicios de tal magnitud, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) presupuestó 345 millones de pesos; no obstante, el Congreso local no autorizó partida alguna para el proceso electoral, por lo que el órgano comenzó una serie de gestiones ante la Secretaria de Finanzas estatal (Sefin), instancia que finalmente autorizó 250 millones de pesos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Luis Miguel Santibañez, secretario Ejecutivo del IEEPCO explica que de estos recursos, 43 millones de pesos se destinaron a gastos de campaña y prerrogativas de partidos, por lo que el presupuesto para la organización de las elecciones quedó reducido a 207 millones, recursos que para finales de abril se agotaron, situación que hizo necesario solicitar a la Sefin una ampliación presupuestal. Hasta el momento esa instancia ha ministrado 90 millones de pesos más al IEEPCO.
Santibañez afirma que fue gracias a esas ampliaciones presupuestales extraordinarias que el instituto pudo avanzar en el finiquito de adquisiciones y proveedores necesarios para la organización de los comicios.
“Estamos en una situación que garantiza el proceso con toda la normalidad, se han hecho ya los finiquitos para liquidar boletas, solamente estamos con algunos pendientes que tienen que ver con la propia calendarización de pagos, nada que ponga en peligro la elección”, explica.
Para estos pendientes, asegura que todavía restan ser entregados al IEEPCO otros 40 millones de pesos que la Sefin irá liberando conforme a un calendario acordado.
“Tenemos un pendiente con la Secretaría de Finanzas de alrededor de 40 mdp (...) a partir de las solicitudes de ampliación ha estado administrando puntualmente estos recursos y se ha tenido la disposición del secretario para llevar a finiquito el proceso”, señala.
Ese monto faltante, explica, está destinado a cubrir gastos para el mes de julio y hasta diciembre.
“El año electoral no termina el 1 de julio (...) con esos recursos se pagará renta de bodegas, salarios de personal eventual, destrucción de boletas cuando terminen el proceso, renta de vehículos y de 170 edificios para los consejos municipales”, detalla el funcionario.
Con estas ampliaciones presupuestales, el IEEPCO logró amarrar finalmente 380 millones de pesos para el año electoral y afrontar la organización de los comicios. Esta cantidad representa 130 millones más al monto original que le asignó la Sefin y 55 millones extra a lo que el propio órgano presupuestó inicialmente.
También equivale a 135 millones más de lo que costó el proceso electoral de 2016, en el que además de diputados y presidentes municipales se eligió gobernador, y que se consideraba el más caro en la historia de la entidad.
“Seguridad no nos compete”
Además de su tamaño, este proceso electoral pasará a la historia como el más violento del que se tiene registro. Sólo en Oaxaca sumaron 27 los políticos que fueron asesinados; uno era aspirante y tres más candidatos.
Además, dos integrantes del Consejo Distrital XXV del IEEPCO, con sede en Pochutla, anunciaron su renuncia al cargo por amenazas; en las regiones de la Costa y el Istmo hubo quema de boletas.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el consejero presidente del IEEPCO, Gustavo Meixueiro Nájera, califica como lamentables los homicidios y todo este clima de violencia, pero desmarca al instituto de cualquier responsabilidad, puesto que asegura que no le compete atenderla a los árbitros de la elección.
“El órgano electoral no es el encargado de generar estas condiciones político-sociales y de seguridad, sino son otras instancias del estado. Es importante mencionar que hacemos los llamados a estas autoridades para que estas condiciones prevalezcan”, señala.
Agrega que ninguno de estos crímenes ha incidido en la organización del proceso electoral y sostiene que no hay ninguna indicación o advertencia de violencia que pueda impedir la instalación de casillas y el desarrollo con tranquilidad de los comicios el 1 de julio.
Por el contrario, afirma que se prevé una participación ciudadana superior a 60% (1.9 millones de votos), con lo que se superaría la mayor votación registrada en Oaxaca y que se obtuvo en la elección de 2016, cuando votaron alrededor de 58% de los oaxaqueños.
Coordiación con el INE
Otro de los mayores retos a los que se enfrentó el IEEPCO, explica el consejero presidente, fue cumplir con el mandato de la casilla única, puesto que implicó un reto de coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Todas las elecciones implican un reto distinto. La elección local de 2016 implicó un reto diferente por tener nuevas reglas a nivel federal, pero que no estaban homologadas a lo local”, explica.
Luego de esa experiencia, para este año por primera vez se contó con una legislación local acorde a la normatividad nacional; no obstante, Meixueiro señala que “se tuvo que modificar un sin número de reglamentos de procedimientos internos, con base en esa nueva legislación”.
Por ello, afirma que se trata de una elección más reglamentada, principalmente en los rubros que tienen que ver con fiscalización del uso de los recursos asignados a cada partido político y candidato para sus campañas proselitistas.
Dentro de este blindaje menciona la revisión del uso indebido de recursos públicos en las campañas, una fiscalía de delitos electorales más profesionalizada y una fiscalía local en delitos electorales “más actuante a partir de estas nuevas reglas”, finaliza
