Expulsan a 20 personas evangélicas de comunidad indígena de Oaxaca
Fueron desterradas 20 personas, entre mujeres, niños, niñas, hombres y ancianos, de San Jacinto Yaveloxi, Choápam
Tres familias, integrada por 20 personas entre mujeres, niños, niñas, hombres y ancianos, fueron expulsados de San Jacinto Yaveloxi, comunidad indígena del municipio de Santiago Choápam en Oaxaca, por profesar la fe evangélica y por negarse a cooperar con las fiestas patronales de la religión católica.
El desplazamiento forzado ocurrió desde el pasado 20 de marzo de 2018, pero el hostigamiento contra estas familias ocurría desde el año 2009 por la asamblea comunitaria de esa población, explicó Miguel Zárate, encargado del área de Persecución Religiosa de la religión Evangélica.
En conferencia de prensa en la capital oaxaqueña, acusó al administrador municipal de Santiago Choápam, Elmer Cardozo Ojeda, de ser el responsable de esta situación que obligó a tres familias a abandonar sus hogares, quienes encontraron alojamiento en una población vecina y en la que viven en un cuarto hacinados sin apoyo de ningún tipo, más aquel que les brindan otros miembros de esta religión.
Los hechos se detonaron desde el pasado 18 de marzo, cuando los integrantes de estas tres familias comunicaron a la asamblea que ya no aportarían los 500 pesos por persona para las tres fiestas patronales que se realizan en esta población y que en su caso sumaban dos mil 500 pesos por familia; esto, porque el catolicismo no es su religión.
La asamblea, sin embargo, amenazó con meterlos a la cárcel y posterior expulsión si no realizaban el pago el día 19 de marzo. Al no ocurrir, los aprehendieron y encarcelaron por cerca de 12 horas, después los obligaron a firmar un papel en donde renuncian a la ciudadanía, los obligaron a vender sus propiedades y bienes y posteriormente los expulsaron de la comunidad.
Miguel Zárate también acusó al subsecretario Jurídico y de Conflictos religiosos de la Secretaría General de Gobierno (Segego), Vícto Ramos, de permitir la violación de los derechos humanos y de credo de las familias desplazadas y de impulsar una reparación del daño consistente únicamente en la entrega de láminas y cinco mil pesos para cada una de las familias desplazadas.
