Se amparan pueblos del Istmo contra la consulta
CNDH solicita medidas cautelares a favor de los indígenas, por su territorio.
Pobladores de cinco comunidades indígenas de Oaxaca solicitaron el amparo de la justicia federal contra la realización de las Asambleas Regionales Consultivas, mecanismo empleado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para consultar su postura sobre el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
Desde el jueves 28 de marzo, dos días antes de que iniciaran las consultas convocadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en cinco municipios oaxaqueños y dos más de Veracruz, cinco habitantes de pueblos indígenas pidieron dos amparos ante el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz.
Se trata de Teófilo García, de origen mixteco, y Juana Inés Ramírez, Rubicel Toribio, Raúl Martínez de Jesús, así como Dagoberto Toribio, de la etnia mixe (ayuuk), quienes se inconformaron con el procedimiento porque, señalaron, no reúne los estándares del artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además, en el primer día de las asambleas consultivas que comenzaron el sábado en Salina Cruz, Santiago Laollaga, San Pedro Huamelula y Jaltepec, y concluyen este domingo en Santa María Chimalapa y los pueblos veracruzanos de Oteapan y Uxpanapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares a favor de las poblaciones originarias.
“La CNDH solicitó a distintas autoridades federales y de los estados de Oaxaca y de Veracruz otorgar medidas cautelares en favor de los pueblos indígenas binnizá [zapoteco], ayuuk [mixe], zoque, ikoots [huave], chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl, totonaco y afromexicanos ubicados en el área de influencia del Programa de Desarrollo Istmo de Tehuantepec o en relación con la implementación del proyecto Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec”, señaló.
La solicitud, abundó, se da en atención a la queja de se pretende imponer “un proyecto de gran envergadura en su territorio” mediante una consulta, “lo que lastima sustancialmente su derecho a la libre determinación y autonomía”, y afecta “su sistema normativo interno al implantar una figura de Asamblea Regional Consultiva”, dictaminó en su resolución.
“Gran participación”. El coordinador de derechos humanos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar, informó que en las asambleas consultivas hubo “alta participación de autoridades municipales y agrarias”, como en Santiago Laollaga, donde intervinieron 15 alcaldes, mientras que en Jaltepec participaron más de 500 personas y cinco alcaldes de la zona norte. En Salina Cruz participaron cerca de 200 pobladores ikoots con sus autoridades municipales y agrarias.
Al respecto, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) denunció que en las diferentes sedes iniciaron los trabajos con retrasos y destacó que la oposición de los huaves obligó al INPI a cambiar de sede, de San Mateo del Mar al puerto de Salina Cruz.
