Protestan trabajadores de confianza por 10% de descuento para dar bonos a médicos, aseguran es contra la ley

Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca protestaron contra el anuncio hecho por el jefe del Ejecutivo estatal, Alejandro Murat Hinojosa, sobre el descuento del 10% al sueldo de los trabajadores de confianza como parte de las medidas económicas propuestas para enfrentar la crisis generada por el Covid-19, y dijeron es ilegal porque viola la Ley del Servicio Civil.

Ayer, se anunció que con el porcentaje del salario de los trabajadores que se descontaría, comenzando por el gobernador, se alcanzaría una suma de 96 millones de pesos que se destinaría para combatir la pandemia y para dar bonos económicos a personal médico. 

La Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado establece en el artículo 29 que no deberán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo de los empleados, salvo cuando el trabajador contraiga deudas con el Estado por concepto de anticipo de sueldos, errores o pérdidas.

Otros de los casos en que pueden hacer descuentos a los salarios es cuando se trate del cobro de cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias, de aportación de fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, “siempre que el empleado en este último caso hubiere manifestado inicialmente de una manera expresa su conformidad”, menciona la Ley.

Así también cuando se trate de los descuentos ordenados con motivo de préstamos obtenidos por conducto de la Oficina de Pensiones o del Monte de Piedad del Estado, y cuando se trate de los descuentos ordenados por la autoridad judicial competente para cubrir alimentos que exijan con tal motivo al empleado.

La Ley también estipula en el artículo 32 que el sueldo no es susceptible de embargo judicial o administrativo, fuera de lo establecido en el artículo 29.

Los trabajadores aseguraron que la medida anunciada lesiona su economía familiar, porque en un puesto de nivel 15A, que se refiere a los jefes de departamento, ganan aproximadamente 10 mil pesos mensuales, y hay trabajadores de confianza del nivel 1A que ganan sueldos de seis mil pesos mensuales.

Sobre todo, declararon, porque “tampoco hay claridad en el destino del dinero” que se les descontaría de su salario.

De acuerdo con los trabajadores que se manifestaron contra esta medida, además de declararse “afectados” mencionaron que también representa “un desvío de recursos públicos”, porque el presupuesto está asignado y etiquetado por los legisladores locales.

Aseguraron que, en principio, se requeriría la aprobación de la Cámara de Diputados local para que se realice una modificación al presupuesto. Consultadas por EL UNIVERSAL, fuentes al interior del Congreso señalaron que mientras por ley no se modifique el tabulador de los trabajadores, los diputados no tendrían que modificar nada al respecto. 

Sin embargo, informaron que los legisladores analizan el anuncio oficial  y se espera que emitan un pronunciamiento desde la Junta de Coordinación Política o la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), a su vez, dijo que no puede hacer un pronunciamiento sobre el anuncio del gobernador, respecto a si se violan o no los derechos humanos y laborales de los trabajadores de confianza del gobierno del estado.

El organismo argumentó que aunque fue un anuncio, no hay un hecho concreto y tampoco se ha interpuesto alguna queja ante la DDHPO por esta medida.