Juez ordena traducir al zapoteco medidas para evitar el coronavirus
Se les reclama a las autoridades la omisión de traducir y difundir todas las determinaciones y medidas relacionadas con la contingencia sanitaria relativas al Covid-19, en lenguas indígenas
El Juzgado Octavo de Distrito en Oaxaca ordenó traducir y difundir en lengua zapoteca, las medidas preventivas que deberán adoptar los habitantes de esos lugares, ante la contingencia provocada por el Covid-19, tras una demanda de amparo promovida por Litigio Estratégico Indígena.
La vicepresidenta de esta asociación civil, explicó que promovieron la demanda de amparo para que todas las determinaciones, acuerdos, declaratorias y medidas relacionadas con la contingencia sanitaria del coronavirus se traduzcan a la lengua zapoteca de la Sierra Norte de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca
Así como para que todas las determinaciones que se emitan con relación a la contingencia sanitaria que actualmente se vive en México, sean traducidas a esta lengua.
En la demanda fueron señaladas como autoridades responsables el Presidente Constitucional de México, el Secretario de Salud, el Presidente del Consejo de Salubridad General y el Director General del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
A estas autoridades se les reclama la omisión de traducir y difundir todas las determinaciones, acuerdos, declaratorias y medidas relacionadas con la contingencia sanitaria relativas al coronavirus Covid-19, en lenguas indígenas.
El pasado viernes 10 de abril de 2020, el Juzgado Octavo de Distrito en Oaxaca, en el juicio de amparo 301/2020 concedió una suspensión de plano para efecto de que: “las autoridades responsables provean las medidas necesarias para que, por los medios oficiales existentes, se traduzcan y difundan a la lengua zapoteca de las comunidades de Oaxaca las medidas preventivas que deberán adoptar los habitantes de esos lugares, con motivo de la contingencia provocada por el virus SARS-Cov2, Covid-19”.
En la suspensión se requirió a las autoridades responsables para que dentro del plazo de 24 horas, informaran las gestiones que están implementando para dar cumplimiento a la suspensión dictada por dicho juzgado y en caso de incumplimiento se les impondrá una multa de 30 a 300 Unidades de Medida y Actualización vigente.
“Esto no tendríamos que hacerlo nosotros, porque debería de ser una obligación de las autoridades de nuestro país realizar lo que estamos reclamando, pero es obvio que, si las autoridades se vuelven omisas, alguien tiene que hacerles ver cuáles son sus obligaciones con la ciudadanía”, expresó Mariana Yáñez.
La abogada explicó que debido a omisiones de distintas autoridades de país, Litigio Estratégico Indígena se vio en la necesidad de promover demandas de amparo para combatir omisiones de autoridades tanto municipales, estatales y federales.
