Niegan maltrato animal por "arresto" de borregos en Oaxaca; Fiscalía debe respetar Usos y Costumbres: experto

Santiago Juxtlahuaca. – Autoridades de Santa Catarina Yosonotu, comunidad de la Mixteca de Oaxaca, desmintieron señalamientos de presunto “maltrato animal”, delito por el cual se les acusa y es investigado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), luego que circulara una foto de dos borregos encarcelados en este municipio.

Tras darse a conocer el encierro de dos borregos en la cárcel municipal de Yosonotu, presuntamente por comerse el pasto de una escuela, y a quienes se les habría negado el alimento y el agua, situación que usuarios de redes sociales calificaron como maltrato animal, la Fiscalía de Oaxaca inició la carpeta de investigación 166444/FMIX/CODDI-TLAXIACO/2022, por el delito de Crueldad Animal. 

Al respecto, José Aparicio Morales, presidente municipal de Yosonotu, explica EL UNIVERSAL que los dos borregos fueron encerrados luego de que el comité de la Primaria "Ignacio Zaragoza" denunciara que los animales habían sido amarrados para pastorear dentro del perímetro de la escuela, entonces las autoridades fueron a traerlos, para que los dueños fueran a reconocerlos.

 

 

“Las autoridades fueron a traer a los borregos para que los dueños fueran a reconocerlos al siguiente día, pero cuando llegaron por ellos, dos muchachas amenazaron y agredieron verbalmente al síndico y a las autoridades que ahí se encontraban, por eso se decidió detenerlos por otras horas más”, dice. 

Los borregos fueron encerrados cerca de 13 horas, pero la autoridad asegura que se les brindó alimentos y agua, mientras la dueña no reconoció sus errores y tampoco pagó multa alguna, aseguró el presidente municipal.

“La señora no entiende, pero eso lo resolvimos acá, aunque ya acudió a Tlaxiaco para desmentir los malos entendidos que siguen circulando por algunos medios. Lo desmentimos. A las autoridades les dijimos que acudieran al lugar de los hechos para averiguar directamente con la señora, porque era una cosa de nada y se hizo grande”, añadieron en el municipio. 

Al respecto, Gerardo Martínez Ortega experto en Derecho Indígena y Coordinador del Área Jurídica y de Litigio Estratégico del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), señaló que este caso, es muy recurrente y normal en las comunidades indígenas debido a que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas, conocidos como Usos y Costumbres.

El experto en Derecho Indígena tachó de absurdo que se inicie la carpeta de investigación por parte de la FGEO, además de incurrir a la violación de los derechos de los pueblos indígenas.

“La Fiscalía no cumple con una obligación que tiene. En la Constitución de Oaxaca, donde habla de la Fiscalía, dice que está obligada a respetar los Sistemas Normativos Indígenas, y al iniciar con la carpeta de investigación incumple con esta demanda de la Constitución”, detalla el abogado. 

Expuso que las competentes para impugnar alguna decisión de esta índole, son las instancias internas de las comunidades y en caso de la carencia, se acude a la Sala de Justicia Indígena de Oaxaca.

“La autoridad de una comunidad que se rige por Sistemas Normativos está obligada a actuar de una manera que pueda resultar eficaz, entonces lo hacen de una forma preventiva, porque si no intervienen, el riesgo de lo que cause un daño mayor, se eleva”.

 

Antecedentes a favor de la comunidades 

 

En 2015, el encierro 50 chivos en San Cristóbal Suchixtlahuaca, población también ubicada en la Mixteca Alta de Oaxaca, ameritó que, por primera vez en México que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) comenzará abordar asuntos de la justicia indígena. Situación que llevó meses y se resolvió en el Amparo Directo 6/2018, donde explica: 

“Este asunto derivó de un conflicto que surgió por el pastoreo del ganado propiedad de Juan “N” en un área vedada de una comunidad indígena de Oaxaca. La autoridad comunitaria lo sancionó por los daños que ocasionó su ganado. Juan denunció penalmente a distintos miembros de la asamblea general de la comunidad y la fiscalía abrió una carpeta de investigación y luego la judicializó ante un juez de control, así el juicio llegó a la Sala de Justicia Indígena, en donde la Sala dictó sentencia en la que reconoció la jurisdicción de la comunidad, convalidó el Sistema Normativo Interno y su procedimiento”.

Ante esta sentencia de la SCJN, Gerardo Martínez Ortega asegura que acciones o prácticas de las comunidades como ésta, “tienen una justificación, protección legal y constitucional, es decir, hay leyes que les permite tener un sistema, para sancionar conductas que puedan poner en peligro bienes de los integrantes de la comunidad”

Explica que el caso de los borregos es de lo más común. “Hay otros donde se encierran a guajolotes, burros, chivos y cabezas de ganados como medida preventiva que realizan las comunidades para evitar que causen más daños. En el caso de los chivos se les detuvo para que dejaran de causar más daños a un área que estaban reforestando las autoridades comunales de Suchixtlahuaca”.

 

 

“Se encarcela a los animales no por su conducta sino más bien como una medida preventiva que tiene efecto de esperar a que el dueño vaya y responda por los daños causados por los animales”, agrega. 

En este sentido, en el caso de Suchixtlahuaca, la Suprema Corte determinó que “no se debe de utilizar al aparato del Sistema de Justicia Penal, como la Fiscalía para criminalizar la actuación de las autoridades indígenas en sus procesos de impartición de justicia, porque su efecto es inhibir sus procesos, lo cual viola sus derechos humanos” concluye el experto en Derechos Indígenas.