Allanan oficina de Código DH, en Oaxaca, dos veces en una semana; buscaban expedientes de tortura
Los afectados denunciaron el robo de equipo, destrucción de instalaciones y la intención de los perpetradores de extraer expedientes relacionados con casos de tortura realizados por autoridades gubernamentales
Oaxaca.- El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH) denunció, a través de una conferencia de prensa, el segundo allanamiento de sus oficinas en menos de una semana, el robo de equipo, la destrucción de parte de sus instalaciones y la intención de los perpetradores de extraer expedientes relacionados con casos de tortura realizados por autoridades gubernamentales.
Ante el último hecho, ocurrido el viernes por la madrugada, denunciaron omisión por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que se negaron a dar protección a las y los defensores y las instalaciones alegando que todos los elementos estaban a disposición de los candidatos en el proceso electoral.
“El robo no fue algo normal, fue un allanamiento donde los perpetradores robaron equipó fotográfico, destruyeron inmobiliario, pero pareciera que la consigna es sobre nosotras, intentaron abrir una caja fuerte con herramientas profesionales y buscaron expedientes de casos de tortura y diferentes carpetas donde se ha dado asesoría a activistas que realizan defensa en temas vinculados al Interoceánico”, sostuvo la fundadora de la organización, Sara Méndez, quien también es integrante del Mecanismo de Protección Federal de Personas Defensoras y Periodistas.
“Estamos acompañando a mujeres mixes víctimas de violencia, también en el Istmo de Tehuantepec, nuestro trabajo abarca varios temas, varias regiones, estamos trabajando la exigencia del protocolo de Estambul y el cumplimiento de la ley general contra la tortura, también la defensa del territorio a comunidades que buscar conservar el agua, como Ayutla, también la violación de derechos a pobladores de Nochixtlán por parte de las corporaciones de seguridad son temas que nos ocupan”, abundó.
“Consideramos que se trató de una intimidación porque a alguien le está molestando nuestro trabajo y esto pone en riesgo la seguridad de las activistas integrantes de la organización. Esto que estamos viviendo no es un delito del orden común, es un claro hostigamiento para inhibir nuestra acción de defensa, la cual no dejaremos de realizar, aún a distancia, porque no nos van a callar ni a detener”, afirmó Candelaria Castellanos Alvarado, coordinadora general de la organización desde febrero de 2023, tras anunciar el cierre momentáneo de las oficinas.
Seguridad y Fiscalía, omisas
La conferencia realizada en la oficina con síntomas de violencia, las instalaciones tenía apenas el resguardo de un policía estatal que fue enviado tras la denuncia en redes sociales de la segunda incursión a las instalaciones con violencia. En el lugar respaldaron las acciones abogados de la DDHPO y la organización Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca
La dependencia de seguridad hizo caso omiso a la medida cautelar emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) el 29 de mayo de este año, según consta en el expediente DDHPO/CA/0159/01/OAX/2024 en poder de EL UNIVERSAL, donde se le pide a dicha Secretaría de Seguridad “adopte los mecanismos necesarios y acciones que resulten urgentes para garantizar la integridad y seguridad de los integrantes del Código DH y que esto incluya bitácoras y recorridos en las instalaciones”.
Desde el 28 de mayo la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Derechos Humanos, se solidarizó con las personas defensoras del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CodigoDH), así como del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, a pesar del pronunciamiento no hubo reacción de las dependencias de seguridad y al cierre de la información la Fiscalía todavía no pedía el acceso a alrededor deocho cámaras de seguridad que existen en las inmediaciones de donde sucedieron los hechos a pesar de la solicitud judicial.
