Chocolate, comunidad ayuujk de Oaxaca, se suma a la lucha contra CFE; exige energía eléctrica gratuita
En la región del Istmo hay al menos 12 mil usuarios, de 18 municipios, que reclaman a CFE el cese a las tarifas altas y se paguen daños a los electrodomésticos por variaciones de voltaje
Juchitán.– Unos 300 pobladores de Chocolate, comunidad que pertenece al municipio ayuujk de San Juan Guichicovi, se declararon en resistencia en contra de lo que consideran abusos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los usuarios.
Ante ello, los pobladores de esta localidad indígena se sumaron al Movimiento de Resistencia Nacional que exige que el servicio de energía eléctrica sea un derecho humano.
Con la determinación de los 300 indígenas ayuujk se fortalece el Movimiento de Resistencia Nacional, que en la región istmeña aglutina al menos 12 mil usuarios de 18 municipios, alentados por la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), señaló el asesor de esa organización, Carlos Beas Torres.
Los 12 mil usuarios vienen reclamando, desde hace muchos años, que cesen las altas tarifas eléctricas, que se le realicen labores de mantenimiento a las líneas de transmisión, que paguen los daños provocados a los electrodomésticos por las constantes variaciones de voltaje y que el servicio de energía eléctrica sea considerado "como un derecho humano".
En ese contexto, los miles de usuarios de la CFE, tanto del Istmo de Oaxaca y de Veracruz, se han declarado en huelga de pagos desde hace años y a la par, desde el Movimiento de Resistencia Nacional se tiene una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), con el propósito de evitar actos de represión y para elaborar una ruta jurídica ante el Congreso.
Durante la expansión de este movimiento de lucha, hasta ahora se han sumado usuarios que se han declarado en resistencia y que habitan los municipios de Juchitán, Santa María Xadani, Tapanatepec, Niltepec, Zanatepec, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Ixtaltepec, Matías Romero y San Juan Guichicovi, mismos que ante los abusos y altas tarifas sostienen que dicho servicio debe considerarse un derecho humano.
