Según las modificaciones aprobadas, las sanciones contra los servidores públicos van de tres y hasta 10 años de prisión, de cien hasta 400 días de multa, la destitución del cargo e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública.
“La reforma se realizó al Artículo 209 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para indicar que todo funcionario que cometa el delito de abuso de autoridad, entre ellos la omisión, en relación con las órdenes de protección de emergencia y las órdenes de protección preventivas por violencia contra las mujeres, merecerá las sanciones antes mencionadas”, informó el Congreso.
En la reforma también se considera que en caso de que el riesgo o peligro de las mujeres y que la autoridad tuvo conocimiento, se llegase a materializar en algún delito, se considerará como dolosa la negativa de brindarle protección.
“Estas modificaciones propuestas endurecen la pena cuando se trate de acciones u omisiones, tomando en cuenta que se pone en riesgo la integridad y la vida de las mujeres víctimas de violencia de género”, afirmó en un comunicado el Poder Legislativo local.
De acuerdo con cifras de organizaciones sociales, en Oaxaca han matado de forma violenta a 66 mujeres sólo en lo que va del año; algunas fueron asesinadas con extrema saña, como la adolescente de 17 años que fue quemada con su bebé por su exparareja en Ejutla, o las dos mujeres mazatecas, madre e hija, atacadas a machetazos en la Cañada.