Acompañadas a distancia y en casa, sólo así acceden al aborto en comunidades indígenas de Oaxaca
Feministas autónomas son única opción real de ILE en pueblos alejados, ante la falta de infraestructura e información del sistema de Salud público; piden que el Estado otorgue medicinas gratis
Luego de viajar por tres horas en una carretera en mal estado, Bricia —nombre que significa “fuerte” y se usa para proteger su identidad—, llegó a un cibercafé en la cabecera de un municipio del Istmo de Tehuantepec para pedir acompañamiento en la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), con medicamentos y desde casa.
La joven de no más de 30 años recibió una respuesta positiva de La Campamenta, un grupo de mujeres y disidencias sexuales dedicado a acompañar a mujeres y a personas con la capacidad de abortar en su decisión de interrumpir el embarazo.
En las comunidades indígenas, acotan las activistas en entrevista con EL UNIVERSAL, a las mujeres se les señala por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, por ello es que el acompañamiento a distancia se ha convertido en una opción para acceder a la ILE.
A pesar de que en Oaxaca la ILE es avalada por la ley hasta la semana 12.6 de gestación, en la práctica es un derecho que no se garantiza, afirman feministas.
Desde el 25 de septiembre de 2019, cuando se despenalizó el aborto en el estado, hasta agosto de 2022, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) apenas registran 379 intervenciones ILE; mientras que las colectivas señalan que acompañan hasta 5 personas por mes.
Aunque el sector salud cuenta con 962 unidades médicas, sólo el Hospital General Aurelio Valdivieso y la Clínica de la Mujer, en la capital, brindan la opción de la ILE. En el primero suman 95 abortos y la segunda aglutina la mayoría: 258.
La Campamenta expone que el bajo número de abortos legales registrados se debe a que en clínicas y hospitales, donde deberían realizar el ILE, hay una perspectiva moral que frena el acceso a este servicio.
Aborto informado y seguro
Sobre el tema del aborto, señalan las activistas, las personas no reciben información apropiada sobre los alcances de la ley y el cómo ejercer su derecho: “Tiene que ser parte del sector salud, el acceso a un aborto seguro y gratuito, pues las mujeres precarizadas, que habitan en la periferia o en las comunidades, no pueden ejercer ese derecho”.
Mientras que muchas de quienes buscan acceder al aborto con medicamentos, no pueden comprarlos en las farmacias de las cabeceras municipales, pues o no hay expendios o son víctimas de señalamientos.
En casos como el de Bricia, por ejemplo, las activistas han ideado estrategias para enviar misoprostol. “Hay muchísimas mujeres que están haciendo sus procesos de interrupción sin luz, sin medicamentos, sin transporte”, lamentan.
Bricia tenía el centro de salud más cercano a cuatro horas, por lo que el acompañamiento a distancia fue crucial para su proceso. “El medicamento se mandó en un paquete sellado con una leyenda de que se trataba de bisutería, para que no fuera revisado. Cuando hacemos repartos siempre enviamos paquetes sellados”, comentan.
La preocupación de las acompañantes se disipó cuando recibieron el mensaje de Bricia avisando que ya tenía el medicamento; en lapsos posteriores fue compartiendo la evolución de su proceso, que por fortuna fue favorable.
“Tratamos de dar toda la información, porque la información es poder y es paz. El aborto más seguro es el que es informado, donde se resuelven todas las dudas”, agregan.
El acceso a la salud y al aborto en las comunidades es atravesado por las precariedades y el estigma, donde hay mujeres, muchas de ellas menores, que son obligadas a ser madres; no obstante, afirman que hay muchas maneras en las que el sector salud puede contribuir a evitar embarazos no deseados.
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Las personas trans también abortan
La Campamenta precisa que buscan mantener una perspectiva autónoma, alejada de la burocratización del acceso al aborto, pues están convencidas que debe estar al alcance de todas las personas.
Por ello crearon este espacio seguro en donde se comparten saberes y se enseña a otras personas a ser acompañantes de aborto de manera integral: “Es como una escuelita abortera”.
En su camino, las activistas han conocido casos de personas trans a quienes se les ha negado el derecho al aborto. A la ley, consideran, le hace falta contemplar a las disidencias sexuales, a fin de garantizar el acceso a la ILE.
“Somos parte de un espacio donde buscamos visibilizar que las identidades no binarias y trans pueden abortar y deben tener acceso a ello”, explican.
Apuestan por la autonomía
Por otro lado, sostienen que los procesos de aborto pueden realizarse de manera autónoma, por ello, la exigencia es que haya medicamentos abortivos gratuitos y consultas de seguimiento; no obstante, señalan que el argumento de las autoridades es que no hay camas suficientes para legrados, lo que revela el atraso del sistema de salud local.
El caso de Bricia, añaden, no es el único de una mujer de una comunidad indígena que ellas acompañan; incluso, dicen, hay mujeres que viajan para hacerse los procedimientos en clínicas públicas, pero les niegan el acceso a la ILE por motivos como rebasar la semana nueve de gestación, pese a que la ley en el estado señala que el límite es la semana 12.6.
Iniciativas como La Campamenta se sostienen a través de donaciones que hacen otras organizaciones, así como campañas de recaudación y donativos de medicamento que hacen otras mujeres que fueron acompañadas, pues en su mayoría, quienes les piden apoyo son personas que no tienen medios para costear gastos médicos. “Es urgente que el aborto sea seguro y gratuito”, sentencian.
