En un documento fechado el 17 de mayo, los ejidatarios denunciaron que la funcionaria actúa en contra de los intereses del grupo agrario al intervenir en las asambleas comunitarias, instando a tomar decisiones apresuradas y que claramente van en perjuicio de los campesinos; incluso, acusan, justificando actos ilegales.
Por tal motivo exigieron realizar una llamada de atención enérgica e implementar una sanción a la funcionaria, así como instar a cambiar su actitud, para que muestre profesionalismo al ejercer su cargo, procurando el interés del grupo agrario.
Hasta el momento en territorio estatal ya han sido aprobados los parques industriales de San Blas Atempa, Ciudad Ixtepec y Comitancillo, que se suman al que ya existe en Salina Cruz.
No es la primera vez que esta funcionaria es señalada por los campesinos del Istmo de Tehuantepec de ejercer presión en las asambleas para que los ejidatarios vendan sus tierras al Corredor Interoceánico, pues en abril pasado EL UNIVERSAL dio a conocer que en esta comunidad la asamblea fue interrumpida y no se aprobó el punto relacionado con la cesión de tierras, pues los ejidatarios acusaron a personal de la Procuraduría Agraria (PA) de tratar de imponer una maniobra para presionarlos a venderlas sin realizar una consulta, por lo que decidieron formar una Comisión.
Tras dicha decisión, el personal de la PA les advirtió a los ejidatarios que sí formaban dicha comisión no podrían continuar con las negociaciones, a manera de presión, según un video en poder de EL UNIVERSAL.
Lo anterior pese a que el pasado 31 de marzo esta diario dio a conocer que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) le informó al titular del Corredor Interoceánico, Rafel Marín Mollinedo, que sólo si las comunidades aprobaban los parques industriales en consultas, el gobierno federal podrá avanzar con la compra de tierras, según se le notificó en un oficio fechado desde el 14 de enero.
Consultado por EL UNIVERSAL sobre la decisión de no hacer socios del Interoceánico a los dueños de las tierras, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario aseguró que se busca “dar certidumbre a las empresas” y pagar un “precio justo” a los campesinos.