En México asesinan a 2.19 personas defensoras cada mes; el discurso oficial “crea entorno hostil”: Cejil

Oaxaca de Juárez.– En México son asesinadas 2.19 personas defensoras cada mes, en promedio, según datos oficiales. Estas cifras no sólo son dramáticas sino que también exponen una situación compleja para la defensa de los derechos humanos en el país, asegura Guillermo Rodríguez García de la organización Centro de Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

En entrevista con EL UNIVERSAL, el activista advierte que la mayoría de las personas asesinadas defendían causas relacionadas con la tierra y el territorio, eran miembros de pueblos originarios o campesinos; además de que se enfrentaban a grupos del crimen organizado, así como a megaproyectos impulsados por el Estado.

Además, sostiene que el Mecanismo de Protección para personas defensoras y periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) ha demostrado ser insuficiente, ya que las cifras de agresiones letales, si bien no han aumentado, se mantienen.

Aunque algunas organizaciones ven en el actual gobierno federal una mayor apertura para la atención de algunas demandas, señala Rodríguez García, también es cierto que el discurso oficial –principalmente a partir de las declaraciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador– desacredita y estigmatiza la labor de defensa de los derechos humanos, con lo que crea un entorno hostil.

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Los informes que ha elaborado el Cejil, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, dice, revelan que Oaxaca es el estado más letal para las personas defensoras. 

Un recuento realizado por EL UNIVERSAL muestra que en lo que va del actual gobierno federal, 24 activistas fueron asesinados en este estado. En este contexto, Guillermo Rodríguez señala que desde los diversos movimientos sociales se demanda un mayor compromiso del Estado para revertir esta tendencia sostenida de asesinatos.

“Estamos hablando de que en los últimos años son asesinadas entre 20 y 30 personas defensoras cada año en el país; lo cual nos habla de los desafíos que siguen enfrentando para reivindicar la defensa de derechos, pues es constante, no se han solucionado y las medidas que hasta ahora han adoptado por parte del Estado y en particular la adopción del Mecanismo de Protección, no ha sido suficientes para atenuar las condiciones de riesgo y los conflictos que enfrentan”.

En su informe “La Situación de la Defensa de los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión en México”, que contabilizó en alianza con otras organizaciones el número de asesinatos de 2020, menciona que se identificó que más de la mitad de las personas defensoras asesinadas eran personas que reivindicaban la tierra y el territorio, y que la mayoría pertenecían a un pueblo originario o eran campesinos. A ellos, le seguían el asesinato de periodistas.

Las personas defensoras, explica, suelen enfrentarse a grupos criminales que suelen disputarse el territorio y las agresiones letales en su contra ocurren en regiones del país en donde el Estado no está presente, es complaciente o tiene vínculos con esos grupos criminales.

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“En el caso de la región de Michoacán, por ejemplo, donde hay una disputa del crimen organizado por el territorio para poder explotar la producción de aguacate o algunos otros productos agrícolas con agricultura intensiva. Las personas defensoras que están defendiendo el territorio no solamente tienen que enfrentar impunidad y la estigmatización del Estado sino además grupos criminales que actúan con completa libertad”.

Los megaproyectos o las industrias extractivas, alentadas, habilitadas o incluso realizadas por el propio Estado –agrega– generan condiciones de riesgo o exposición de personas defensoras a distintas amenazas; un ejemplo es el asesinato de Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos.

Para Guillermo Rodríguez, el Mecanismo de Protección ha demostrado ser una medida insuficiente porque sólo se concentra en medidas de protección físicas, pero no “desactiva” los riesgos para las personas defensoras; y también presenta fallas en la implementación de esas medidas: un porcentaje significativo de los activistas asesinados contaba con la protección de este mecanismo. 

Asimismo, mientras las solicitudes de protección se han multiplicado por 10, el mecanismo continúa con el mismo presupuesto de hace una década.

“Y al mismo tiempo, desde la Presidencia de la República o desde los gobiernos estatales se sigue desacreditando, deslegitimando y estigmatizando a personas defensoras, habilitando un contexto hostil.

“Las personas que llegan al mecanismo de protección no tienen la certeza de que el Estado va a asumir su obligación, no exactamente de evitar ataques letales, sino prevenirlos y tener una política pública que esté encaminada a eso, que parta del reconocimiento de las autoridades a la labor de las personas defensoras y que del lado de la impartición de justicia se reduzca la impunidad”, afirma.

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El activista de Cejil sostiene que la responsabilidad del Estado y del gobierno federal en estos crímenes continúa en la medida que la impunidad prevalece y las agresiones no bajan, indistintamente de quien sea el titular del Poder Ejecutivo.

Esta administración (la de López Obrador), opina, se ha distinguido de otras por tener un mensaje más frontal y público de descrédito hacia las personas defensoras y de estigmatización. Es “un sello distintivo”, dice.

Pero más allá de la polarización que vive el país, advierte que estos comentarios y discursos si bien no hacen al gobierno federal responsable directo de los asesinatos, sí crea un entorno hostil para la defensa de los derechos humanos. 

“El hecho de que el Presidente de la República diga, critique e identifique a las personas defensoras y la legitimidad de sus demandas, empodera a otros actores en los territorios que quizá están vinculados con el crimen organizado, que tienen otro tipo de intereses y concreta o materializa las agresiones psicológicas, emocionales, físicas o incluso letales. Esto sí es un sello distintivo del gobierno, de esta administración”.