El resultado de la investigación publicado el pasado 21 de junio de 2024, detalló que la víctima había experimentado problemas de visión desde 2018, por lo que le proporcionaron el tratamiento en 2020, año que fue suspendido por las autoridades carcelarias.
“La investigación encontró violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud de la persona privada de la libertad y en el derecho de acceso a la información en materia de salud para dos personas afectadas, puesto que no se actualizó la documentación sobre su estado de salud”.
En su recomendación la CNDH aseguró que además, ocho funcionarios del centro penitenciario no brindaron atención médica oportuna ni seguimiento o examinación adecuada al paciente, lo que llevó a la pérdida de visión.
Lo anterior denotó falta de interés para proporcionarle una atención integral y comprometida con la salvaguarda del derecho humano a la protección de la salud de las personas que se encuentran privadas de la libertad, así como omisiones para transferirla al servicio de Oftalmología.
Además, instó a capacitar al personal médico en materia del derecho humano a la protección de la salud de las personas privadas de la libertad, y garantizar el acceso a la información médica. Finalmente, se solicitó la realización de mesas de trabajo para mejorar los procedimientos médicos y administrativos y agilizar las referencias a especialistas.
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