Víctimas y ex-presos políticos de Oaxaca anuncian lucha legal por reforma constitucional de DDHH

Oaxaca de Juárez.— La Asamblea Permanente de Víctimas, Sobrevivientes y Expresos Políticos de Oaxaca 2006-2007 anunció una lucha legal ante los tribunales del estado para exigir al gobernador Alejandro Murat Hinojosa que aplique la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011.

A partir de esta reforma, explicó Isaac Torres Carmona, dirigente estatal de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limeddh), se establece la obligación a cargo del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el propio Estado "reconociendo el carácter jurídico de las víctimas y su derecho a la justicia y el resarcimiento integral de los daños".

También informó que el pasado 28 de enero de 2019 demandaron la inconstitucionalidad de la Ley de Justicia Administrativa que utilizó de base la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca para exonerar al gobierno estatal por las violaciones a los derechos humanos cometidas a personas detenidas arbitrariamente, torturadas y criminalizadas en el marco de los hechos ocurridos en noviembre de 2006.

"Ahora corresponde al Poder Judicial Federal, al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa de este Décimo tercer Circuito, resolver el amparo directo 35/2019, todas y cada una de nuestras demandas, que como colectivo de víctimas reclamamos al gobierno del estado de Oaxaca ".

Foto: Edwin Hernández

Isaac Torres mencionó que al inicio del mandato Murat Hinojosa, éste se comprometió a sostener una audiencia con el colectivo de víctimas para tratar asuntos relacionados con la reforma constitucional y su implementación en el estado, así como atender sus demandas ante la ausencia de una Comisión Estatal de Víctimas que cumpliera con sus objetivos. Pero la audiencia nunca se les otorgó.

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El líder de la Limeddh afirmó que en Oaxaca la promulgación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos no se ha traducido en una sola acción de gobierno que tienda a garantizar el acceso a las justicias y el resarcimiento integral de los daños a las víctimas.

"Por el contrario, persisten la impunidad, la omisión y el abandono institucional hacia las víctimas, mientras la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) es cómplice y se encuentra supeditada a los intereses del gobierno del estado", dijo.

Foto: Edwin Hernández

El colectivo de víctimas en conjunto exigió a los magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo tercer Circuito que atienda todos sus motivos de inconformidad expresados en la demanda de amparo y que en su momento hagan pública la resolución del amparo 35/2019.

Y condenó la impunidad, omisión y el abandono del gobierno  frente a las víctimas, así como la cooptación de la Defensoría de los Derechos Humanos, por ser “cómplice de la impunidad, la omisión y el abandono de las víctimas”.