Niños indígenas, a los que más violentan en la Cuenca: DH
Comisión Regional acusa que los casos de violencia sexual no se denuncian; sólo 1 de cada 5 víctimas busca ayuda psicológica
Un día de fiesta familiar José, un niño de 12 años, fue atacado sexualmente. El niño es originario de una comunidad indígena de Tuxtepec y aunque se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, su agresor sigue en libertad.
El caso de la violación de José es el único que llegó en 2016 a la Comisión Regional de los Derechos Humanos (CRDH) Mahatma Gandhi, encargada de atender los casos de la región de la Cuenca del Papaloapan. A pesar de ello, la comisión tiene detectadas otras 20 víctimas de violencia sexual en comunidades de la región.
De acuerdo con un diagnóstico elaborado en 2016 por la CRDH, es en las comunidades indígenas donde se detectan el mayor número de casos de violencia contra niños, desde abuso sexual hasta violaciones, así como violencia psicológica. Los familiares son los principales agresores.
Según el estudio, los casos se registraron en Jalapa de Díaz, San Lucas Ojitlán, Chiltepec, Jacatepec y Valle Nacional; este último es el municipio calificado como el más violento para los niños indígenas en esta zona del estado.
Durante 2017, la comisión recibió tres denuncias por abuso sexual y violación de menores de edad, los casos se registraron en comunidades indígenas de Valle Nacional y Santa María Chiltepec; el otro caso ocurrió en una zona urbana de Tuxtepec.
En 2017 la comisión sólo recibió tres denuncias por abuso sexual y violación de menores de edad, en comunidades de Valle Nacional, Santa María Chiltepec y Tuxtepec.
Silencio
Generalmente los casos de violencia sexual contra niños que se cometen en comunidades indígenas no se denuncian, son detectados a través de jornadas de derechos humanos. Sólo uno de cada cinco casos llega a la comisión para pedir ayuda psicológica para superar los problemas familiares y de violencia, pero casi ninguno recurre a la vía legal.
Pero que el delito se denuncie ante autoridades judiciales tampoco garantiza que se castigue al culpable, tal como pasa en el caso de José. Según la presidenta de la comisión, Graciela Zavaleta Sánchez, el presunto agresor de José sí fue detenido, pero se le culpó de estupro; luego quedó en libertad y hasta ahora no se tienen avances en la investigación del caso.
Para Zavaleta Sánchez existe un muro de silencio que rodea los casos de agresión sexual contra menores. La defensora señala que en las comunidades indígenas las autoridades auxiliares, doctores y hasta maestros pasan por alto la violencia contra los menores y en algunos casos hasta la justifican, por ejemplo, cuando el agresor es un padre alcohólico.
“Es la violencia hacia los menores de edad la más lamentable, pues son patrones que pueden repetirse cuando mayores, además que generan a corto plazo conductas que van contra la vivencia de una infancia plena y feliz”, señala.
Sin castigo
Ana sólo tenía 12 años cuando la asesinaron. El 7 de junio de 2013 la niña de origen indígena “desapareció” en el trayecto de su casa a la de su abuelita. A más de tres años de distancia, aún no se da con el culpable del crimen.
De acuerdo con información de la comisión Mahatma Gandhi, el de Ana es uno de los casos de mayor impunidad e indiferencia institucional registrados en la zona de la Cuenca del Papaloapan.
El caso de la menor fue opacado por la desaparición del líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Nicolás Estrada Merino, que sucedió días después, por lo que la denuncia para localizar a la niña no fue atendida, asegura Graciela Zavaleta.
Semanas después, el cuerpo de Ana se localizó en un paraje cercano. Presentaba un impacto de bala en la cabeza y alto grado de descomposición. De entre sus pertenencias faltaba su ropa interior.
Los restos de la niña aparecieron entre la maleza, a pocos metros de donde se localizó el cuerpo del dirigente perredista, que hallaron con tres disparos en la cabeza
Luego de practicarle los estudios de ADN para determinar su identidad y entregar los restos de la menor, en agosto de ese mismo año, la Fiscalía General del Estado dio por cerrado el caso. Para la familia de Ana la justicia sigue pendiente, pues aún nadie ha recibido castigo.
