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Foto: Mario Arturo Martínez EL UNIVERSAL
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 28/2022 dirigida al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al titular de la Fiscalía General del Estado (FGEO), Arturo de Jesús Peimbert Calvo, por el caso del ataque con ácido que sufrió la saxofonista mixteca María Elena Ríos en Huajuapan de León.
La recomendación señala que las autoridades deberán ofrecer una disculpa pública a la víctima y su familia, así como garantizar la reparación del daño, por omisiones en el caso.
También “por vulneraciones al derecho a una vida libre de violencia en su modalidad de violencia institucional, así como por incumplir su obligación de atender e investigar la violencia contra las mujeres y por vulnerar el acceso a la justicia en la modalidad de procuración con perspectiva de género, en agravio de una mujer.
“Así como de sus familiares, víctimas indirectas del ataque y que fueron revictimizadas durante el desarrollo de las investigaciones judiciales para esclarecer la agresión”, señala.
La CNDH atrajo el caso el 21 de febrero de 2020; hasta entonces era llevado por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Tras ello se integraron tres carpetas. La primera por el delito de lesiones calificadas, pero reclasificado a feminicidio en grado de tentativa.
La segunda, promovida por la víctima por delitos contra la intimidad sexual, y la tercera, por tráfico de influencias y por el delito de concusión, que se refiere a la exigencia de pagos y beneficios extra legales por parte de servidores públicos.
“Esta comisión nacional considera relevante que, cuando sucedieron tanto la agresión con ácido, como las respuestas y omisiones de las autoridades, ocurrieron en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres [AVGM], que se encuentra activada en el estado de Oaxaca desde el 30 de agosto de 2018 por violencia feminicida, y que en dicha declaratoria se consideró a la ciudad de Huajuapan entre las localidades que requerían la implementación de acciones de emergencia”, indicó el organismo.
Además, se comprobaron referencias de que el Estado de Alerta de Género no se consideró como elemento indispensable en la investigación del caso ni en el contexto de la agresión perpetrada contra la mujer.
La Fiscalía General y el Gobierno del Estado de Oaxaca negaron de manera reiterada su plena colaboración en el caso, concluyó la CNDH, por lo que obstaculizó la investigación.
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Por las omisiones, Alejandro Murat deberá realizar una campaña de promoción y difusión de los derechos de las víctimas de violencia de género, con duración de un año, mientras que y Peimbert Calvo deberá crear la “Unidad de Análisis de Contexto”, determinó la comisión.
Esta unidad será destinada a investigar las circunstancias en cada uno de los casos de feminicidio, homicidio doloso y desaparición de niñas, mujeres y adolescentes en el estado.
Asimismo, ambos funcionarios fueron exhortados a ofrecer una disculpa pública a María Elena y su familia. El gobierno local tiene hasta el próximo lunes para responder a la recomendación emitida por la CNDH.
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