“AMLO se contradice en consultas indígenas”

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En los últimos 12 años en el Istmo de Tehuantepec el gobierno federal avaló la construcción de 25 parques eólicos, la llegada de proyectos extractivos como la  minería y la creación de una de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), todos ellos con la intención de impulsar la economía del sur.

No obstante, se realizaron sin una consulta indígena que se apegara a los estrictos estándares internacionales  de derechos humanos, lo que desató luchas legales de los pueblos zapotecas, zoques, mixes y huaves.

Sobre el tema, el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador planteó retomar los acuerdos  de San Andrés, teniendo como uno de sus ejes centrales las consultas a los pueblos indígenas, en materia de proyectos energéticos, extractivos y obras; el  anuncio tiene a la expectativa a grupos indígenas, ONG y líderes.

Contradicciones

Las agrupaciones que integran la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), en el Istmo,  consideran que el nuevo gobierno por un lado dice, a través de Alfonso Romo, que seguirá la ZEE  y por el otro dice que “nada sin consultar a los pueblos”, lo que para ellos es contradictorio.

Rubén Valencia, integrante del Comité Ixtepecano Vida y Territorio, explica que para el Rema es fundamental  transformar las políticas de entreguismo económico que han caracterizado a los gobiernos neoliberales en México desde hace más de 30 años.

“Es preocupante lo que anuncian respecto a convertir al país en un paraíso para la inversión  extranjera y ampliar las ZEE, en donde se contemplan los proyectos eólicos y mineros porque aquí  está demostrado que esta política está relacionada con el saqueo, el despojo y el desplazamiento forzado, así que ampliar esta ZEE es más de lo mismo”, argumenta Valencia.

En  Ixtepec, donde está suspendido un proyecto minero, el comité comunitario fue contundente al señalar que no la están pidiendo que se hagan las consultas, debido a  que realizaron sus asambleas en las colonias  y determinaron que el proyecto no va, por lo que exigen  que se respete la decisión del pueblo.

Consultas, luego permisos

Hace tres años el gobierno mexicano llevó a cabo la primera consulta indígena en el país  para la instalación del parque  de la empresa Eólica del Sur en Juchitán,  pero  fue  impugnada por la violación al derecho al consentimiento libre, previo e informado.

 Juan Antonio López, coordinador de Justicia Transnacional de la Asociación Proyectos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), opina que aunque es  pronto para ver los primeros avances de la propuesta del nuevo gobierno electo, las comunidades de Juchitán y Unión Hidalgo  se mantienen en la firme decisión de que primero se debe de consultar a los pueblos y luego otorgar los permisos, porque las consultas sólo han sido meros “trámites administrativos”.

 “Hasta el día de hoy el gobierno ha hecho todo al revés, primero da los permisos y luego consulta a modo, las consulta que realiza a lo largo y ancho del país es un trámite que tienen que hacer para avalar a  lo que ya le dieron permiso... si se va a  consultar, tienen que ser consultas apegadas al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), primero consulta, luego permisos”, recalca el también abogado.

Además, indica que deben armonizar las leyes secundarias en materia de energía y   de hidrocarburos con leyes internacionales, así como la creación de un protocolo de consulta.

La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) coincide con las otras agrupaciones, pero agrega que los encargados de la transición establezcan mesas de trabajo con todos los líderes indígenas y  ONG en lucha, para escucharlos  antes de implementar las consultas.

“Es muy pronto para dar un dictamen de lo que viene, pero lo importantes es que nos escuchen, que dialoguen antes, y no será un proceso rápido, son meses de mesas de trabajo hasta escuchar a todos”, explica Mariano López, vocero de los opositores a los proyectos de la empresa Eólica del Sur y Bii Hioxho en Juchitán.