Se “esfuman” carpetas por desaparición forzada en Oaxaca
DDHPO tiene 41 expedientes; la Fiscalía estatal sólo investiga 3 casos
Tras 11 años de su desaparición, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó una diligencia de búsqueda de dos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI) de la Fiscalía General de Oaxaca.
Las acciones de búsqueda, que iniciaron la madrugada del miércoles 8 de agosto en las instalaciones que se encuentran en La Experimental, San Antonio de la Cal, fueron calificadas como “una burla” por el comité de familiares de detenidos-desaparecidos denominado “Hasta Encontrarlos”, ya que se realizaron cuatro años después del mandato judicial federal y más de una década después de la desaparición de los luchadores sociales.
Aunque está a cargo de la PGR, este sólo es uno de los casos en la entidad en que se indaga desaparición forzada; además de éste, desde 2010 la fiscalía investiga otros tres hechos presumibles de este delito, en que los responsables señalados son autoridades municipales y policías.
Choque de cifras
Los tres casos de desaparición forzada que investiga la fiscalía incluyen la desaparición de cinco personas que fueron detenidas por autoridades de San Francisco Jayacaxtepec y retenidas en la cárcel municipal, según una testigo, esposa de una de las víctimas. Dos meses después sus cuerpos calcinados fueron hallados en un barranco.
Un segundo caso es el ocurrido el 27 de diciembre, cuando desaparecieron Federico Cruz Morales y Álvaro Reyes Cruz, habitantes de San Miguel Cajonos, tras un enfrentamiento con pobladores de la comunidad vecina; por estos hechos también son investigadas las autoridades de ese municipio, como probables responsables.
El tercer caso es la desaparición de una persona que fue aprehendida por policías en Tuxtepec, en la Cuenca del Papaloapan; los hechos ocurrieron en 2011 y se investiga como desaparición forzada por resolución de un juez de distrito.
Para organizaciones civiles, este conteo es lejano a la realidad, pues consideran que el número de desapariciones forzadas en Oaxaca es mucho mayor. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), por ejemplo, informó a EL UNIVERSAL que mantiene 41 expedientes por desapariciones forzadas: dos de 2010, tres de 2011, uno de 2012; de 2013, 2014 y 2015 seis en cada año; cinco de 2016, nueve de 2017 y tres sólo en lo que va de 2018.
Servicios para una Educación Alternativa (Educa) tiene otras cifras. Esta organización contabiliza seis casos, mientras que la Coordinación de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada señala a tres víctimas no incluidas en los conteos de la fiscalía.
Para esta organización civil fueron víctimas de desaparición forzada Herón Sixto López, del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, quien desapareció el 15 de julio de 2013 en Juxtlahuaca y fue encontrado muerto cinco días después; así como Salomé García López y Víctor Ruiz Martínez, miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, quienes desaparecieron el 5 de diciembre de 2013 en San José del Progreso y aparecieron cinco días después presos en un penal federal, por lo que responsabilizan a la Policía Federal Ministerial.
Incluso, las cifras oficiales son contradictorias.Según un informe publicado en 2017 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la misma fiscalía estatal, retomando los datos de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJE), sólo hasta 2015 se acumulaban 12 casos.
El documento de la CNDH, titulado “Informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México 2017”, detalla que la entonces PGJE informó la existencia de 12 averiguaciones previas por desaparición forzada de personas; de estas, sólo una se encontraba en trámite.
Del resto de las carpetas tres fueron enviadas a reserva, en tres se determinó el no ejercicio penal y otras tres fueron remitidas al área que indaga homicidios en la misma dependencia. Además, en un caso se determinó su archivo y de otro más no se informó el estatus que guardaba la indagatoria.
La CNDH también documentó que los probables responsables de estos casos se encontraban adscritos de manera indistinta a la Policía Ministerial y a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO). Algunas de estas averiguaciones fueron iniciadas en los años 1999, 2002 y 2003, sin que en ninguna se hubiese ejercido acción penal contra alguna persona.
Para Emmanuel Cabrera Rodríguez, titular de la Unidad Especializada en Desaparición Forzada (UEDF) de la fiscalía, las diferencias de estas cifras se debe a que las organizaciones civiles “a todos los casos que tienen conocimiento les llaman desapariciones forzadas”, porque hasta enero no existía el delito de desaparición cometida por particulares y porque considera que, en materia de derechos humanos, “cualquier desaparición es responsabilidad del Estado”.
Desde que en enero de 2018 entró en vigor la Ley General en Materia de Desapariciones, en México sólo se considera desaparición forzada cuando el delito es cometido por servidores públicos, de lo contrario se considera desaparición cometida por particulares.
EL UNIVERSAL informó el 5 de agosto que Oaxaca fue la tercera entidad en vincular a proceso a un particular por este delito.
