Triquis claman acuerdos de paz por la violencia que asola su región
Tras recientes asesinatos y el desplazamiento de familias, piden la intervención de las autoridades
La violencia nunca ha abandonado la zona donde vive la nación triqui y los recientes asesinatos de miembros activos de las organizaciones políticas que operan en esa región alertan sobre su resurgimiento, luego de alcanzar su momento más álgido entre 2006 y 2007.
Así vivieron los triquis hasta el año 2012, cuando se firmó un acuerdo de paz, pero ahora el miedo ha regresado a esta zona de la región Mixteca.
El pasado 25 de octubre fue asesinado Raúl Martínez Aguilar, exagente municipal de Cumbre Yerbasanta, quien era miembro activo de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort); luego, el 16 de noviembre, un comando, presuntamente originario de Santa Cruz y Guadalupe Tilapa, ingresó a la Cieneguilla y disparó contra la población, lo que originó el desplazamiento forzoso de familias.
Casi al terminar el año, el 26 de diciembre, fue asesinado a tiros el integrante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Enrique Miguel Vicente. La víctima, de 58 años de edad, se desempeñaba como policía municipal de Santiago Juxtlahuaca.
“Los tambores de guerra resuenan en las montañas triquis, ante la falta de sensibilidad política del gobierno para llamar a los actores políticos de la zona a una mesa de diálogo”, asegura el vocero de la Ubisort, Fabián Pereda Pereda, ante los “crímenes políticos que pretenden desestabilizar de nuevo la región triqui”.
Foto: Edwin Hernández
En esta zona del estado operan el MULT, la Ubisort y el Movimiento de Unificación, y Lucha Triqui Independiente (MULTI, una escisión del MULT ocurrida en 2006). Hace 13 años, la disputa por el control de la zona desató la violencia armada entre las organizaciones y, a causa de ésta, fueron asesinados indígenas y activistas de derechos humanos; también se obligó al desplazamiento de decenas de familia.
Una de las razones de la violencia fue la disputa por el control político y territorial de San Juan Copala, considerado centro ceremonial de los pueblos triquis, pero también uno de los pasos obligados para ir a su cabecera distrital: el municipio de Santiago Juxtlahuaca.
Cada organización delimitó las zonas que controlaba políticamente e impedía el paso de cualquier persona de otras comunidades que militaban en algún grupo contrario a ellas.
La violencia en la zona llamó la atención internacional cuando, en abril de 2010, fueron asesinados los activistas de derechos humanos de Finlandia, Jyri Jaakkola y Beatriz Cariño Trujillo, quienes fueron en caravana a San Juan Copala para entregar ayuda comunitaria. En el ataque armado, supuestamente a manos de un grupo paramilitar, también resultaron 10 personas heridas.
A finales de ese año, decenas de familias fueron desplazadas forzosamente de la región y algunas aún permanecen apostadas en el palacio de gobierno en la ciudad de Oaxaca.
Foto: Edwin Hernández
En 2011 hubo un acuerdo de paz, pero sólo fue firmado entre el MULT y el Ubisort; aun así, la violencia en la zona bajó considerablemente y en 2017 hubo una ratificación del acuerdo.
Con las recientes agresiones armadas y asesinatos, los dirigentes del MULT y el Ubisort, advierten un recrudecimiento de la violencia e insisten en un nuevo acuerdo de paz, pero que ahora también sea firmado por el MULTI y la CNC. Sobre todo porque, de presentarse un nuevo escenario de violencia, se frenarían los proyectos productivos para la región.
“Firmar ese convenio de paz significa desarrollo para nuestras comunidades, porque podemos pelear que queremos recursos para el campo, para que se hagan clínicas, aulas, carreteras, agua potable e infraestructura para nuestras comunidades”, explica Rufino Merino Zaragoza, coordinador general del MULT.
Sostiene, además, que la violencia está latente y se ha recrudecido tras los asesinatos de militantes de su organización.
Foto: Edwin Hernández
“Hemos exigido al gobierno para que paren a esos grupos que están queriendo regresar la violencia en la región. Por ello, hemos señalado a Rómulo Leyva, quien tomó el palacio municipal de Santiago Juxtlahuaca, y a los del MULTI porque son aliados. Le están apostando a la violencia para acusar al MULT y a la Ubisort. Nosotros exigimos que el gobierno pare a estos tipos para que la violencia no regrese”, asevera Merino Zaragoza.
De igual manera, piensa Fabián Pereda, vocero de la Ubisort, si los gobiernos federal y estatal continúan omisos ante estos asesinatos y ataques armados, así como para asumir un compromiso de paz, será más complicado que lleguen tanto los apoyos como la tranquilidad a la región. Hasta ahora, siguen esperando.
