En Oaxaca, propuestas de partidos no atienden corrupción

Las plataformas electorales de los órganos políticos no contemplan atender el tema, por el contrario algunos de sus planteamientos ya son leyes vigentes

Fotos: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL
Especiales 29/01/2018 19:31 Juan Carlos Zavala Oaxaca de Juárez, Oaxaca Actualizada 19:40

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El combate a la corrupción es uno de los temas centrales de las plataformas locales de los partidos políticos para el actual proceso electoral; sin embargo, no hay propuestas extraordinarias.

El tema cobra relevancia a partir de la aprehensión de varios ex gobernadores acusados de desvío y malversación de recursos públicos, la mayoría de ellos del PRI.

Por ello, los partidos proponen más leyes, vigilancia de  organismos fiscalizadores y mayor participación ciudadana, según una  revisión que EL UNIVERSAL realizó de las plataformas electorales del PRI, PRD, PAN y Morena.

El PAN es el partido que menos menciones hace a la palabra corrupción, sólo cinco veces; mientras que la plataforma del PRI la  menciona siete veces y el PRD refiere la palabra corrupción 26 veces y Morena en 29 ocasiones.

En su plataforma entregada al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el PRI propone endurecer sanciones contra servidores públicos, “armonizar” la ley de transparencia local con la federal —lo cual ya se hizo—, que los ayuntamientos tengan de manera obligatoria una Contraloría Municipal y la Unidad de Transparencia —a lo que ya están obligados—, transparentar procesos de licitación y adquisición de bienes y servicios —a lo que también  están obligados—, reducir gasto de operación en la administración pública y que el Poder Legislativo rinda cuentas.

También propone  impulsar la autonomía financiera de la Auditoría Superior del Estado (ASE) —que ya no existe, ahora es Órgano Fiscalizador— y la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano —ya previsto en el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción—, entre otras.

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Germán Espinoza Santibañez, dirigente estatal del PRI (Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL)

El PRD plantea fortalecer el Sistema Estatal de  Combate a la Corrupción, crear la Ley de Percepciones Máximas de Servidores Públicos y la Ley para Prevenir y Sancionar el Enriquecimiento Ilícito por Actos de Corrupción, rendición de cuentas en los tres niveles de gobierno y reformas  a la Ley de Transparencia y a la Ley de Deuda Pública —sin especificar de qué forma—.

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Raymundo Carmona Laredo, dirigentes estatal del PRD (Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL)

Morena considera que basta con respetar la ley.  Si hay voluntad, se puede atacar la impunidad desde  raíz. Dice que  la corrupción se puede combatir  sin modificar la Constitución ni embarcarse en  reformas, sino con   el cumplimiento de la legislación  mediante “la convocatoria a la sociedad a una regeneración ética que redundará en beneficio de todos”.

La observación de las leyes tal y como se encuentren redactadas en diciembre de 2018 es una de las condiciones  principales establecidas para todas sus propuestas, pero también  propone reducir al mínimo las reformas que el Ejecutivo proponga  al Legislativo.

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Nancy Ortiz Cabrera, dirigenta estatal de MORENA (Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL)

El PAN no tiene propuestas concretas, sólo dice que la transparencia y la rendición de cuentas “son  pilares de una cultura de  honestidad que exige mecanismos de participación ciudadana en la planeación,  seguimiento,  control,  evaluación y retroalimentación de las decisiones públicas”.

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Natividad Díaz Jiménez, dirigenta estatal del PAN (Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL)

Problema nacional

De acuerdo con  el Barómetro Global de la Corrupción, más de la mitad de los mexicanos admite que en el último año ha sobornado a autoridades  para acceder a servicios públicos básicos, mientras que Transparencia Mexicana  señala que  14% del ingreso anual de los hogares se destina a pagos extraoficiales.

Según el reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial, México tiene  el lugar 127, entre 137 países, en el desvío de fondos públicos, y se ubica en el lugar 129 por favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios.

 

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