Sufre campo oaxaqueño recorte de 326.6 mdp

Los diputados federales recortaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 un total de 326.6 millones de pesos en recursos de programas destinados a la agricultura y el desarrollo rural de Oaxaca.

Mientras que en 2018 el monto para estos rubros ascendió a 747.5 millones, para 2019 será de 420.5 millones de pesos; la cifra representa un recorte de 45.8%.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados federal, a estos recortes se suman los otros 27.9 millones de pesos del programa de Aseguramiento Agropecuario, cuyo 100% de recursos que se recibieron en 2018 fueron eliminados.

Este programa consistía en un subsidio para apoyar a los productores agropecuarios en el pago de pólizas de seguros para la protección de sus cosechas.

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), Carlos Grau López, detalla que en un principio los legisladores planteaban en todo el país hacer un recorte para estos programas por 25 mil millones de pesos, pero que tras las presiones de las entidades, la reducción general fue de 5 mil millones.

Uno de los programas que los diputados federales desaparecieron fue el de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales, conocido como PESA, creado en 2002 a iniciativa de las Organizaciones Unidas para la Alimentación (FAO), para atender a familias de localidades de alta y muy alta marginación.

El PESA consistía en proyectos para que las familias produjeran alimentos en sus traspatios y así aminorar sus necesidades alimentarias.

Sólo en 2018 Oaxaca recibió 348.8 millones de pesos para la implementación de este programa, recurso con el que ya no contará. El titular de la Sedapa dice que en los dos últimos años, a través del PESA, se invirtieron 651 millones de pesos en beneficio de 30 mil familias en pobreza y pobreza extrema, es decir, benefició a 120 mil personas, si se consideran familias de cuatro integrantes.

Más programas afectados.

Otros de los recursos que desaparecieron fueron los del programa Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, mediante el cual la entidad recibió 28 millones de pesos en 2018.

Con este presupuesto, el año pasado se contrataron 308 técnicos que brindaron apoyo especializado a 25 mil productores de las diferentes regiones y en los distintos sistemas-producto. También desapareció el programa de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua —ejecución nacional—, por el cual el año pasado Oaxaca recibió 25.7 millones.

Además de la extinción de programas, la disminución del presupuesto se tradujo en recortes al plan de Información Estadística y Estudios (Snidrus), que era de 3 millones de pesos y se redujo a 1.6 millones este año; así como al de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, que pasó de 58.2 millones a 44.1 millones.

Los legisladores federales también quitaron a Oaxaca los recursos del programa de Abasto de Leche, a cargo de Liconsa, que en 2018 ascendieron a 37.1 millones de pesos, y del programa de Abasto Rural, a cargo de Diconsa, que fueron de 130 millones.

En el caso de Liconsa y Diconsa, Grau López explica que fueron absorbidas por una nueva dependencia creada por el gobierno federal, llamada Seguridad Alimentaria de México (Segalmex), pero, dice, aún no está claro su manejo.

A pesar de ello, confía en que no se suspenda ni el abasto de leche ni el suministro de básicos para el cultivo, como el maíz, puesto que el estado no tiene asignados recursos para estos dos programas.

En contraparte, el Congreso federal creó el plan Desarrollo Rural, a través del cual asignaron a la entidad 258.5 millones de pesos, pero aun con ese monto, el recorte es de más de 45%.

El componente de Desarrollo Rural, apunta el titular de la Sedapa, está enfocado en apoyar a las familias y la propuesta del gobierno de Oaxaca es que parte de esos recursos se usen para sustituir al programa PESA y para contratar a técnicos especializados.

“Es un planteamiento que estamos haciendo a la Federación, tenemos que ver cómo el estado seguirá atendiendo a estos sectores”, concluye Grau López.