“Desaparición de Instituto de Transparencia retrasaría pendientes del Sistema Anticorrupción de Oaxaca”

El Fiscal Anticorrupción de Oaxaca que es integrante de la Red por la Justicia Penal, señaló que hubiera sido loable que antes de reformar la Constitución se hubiera analizado en qué parte había fallas en esos órganos

“Desaparición de Instituto de Transparencia retrasaría pendientes del Sistema Anticorrupción de Oaxaca”
Foto: Fernando Miranda
Estatal 26/05/2021 10:19 Fernando Miranda Oaxaca Actualizada 10:19

Ciudad de México.– A más de un mes de aprobarse en el Congreso local las reformas a la Constitución Política del Estado de Oaxaca, impulsadas por Morena, con las que desaparecen el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Comité de Participación Ciudadana (CPC), dos de los pilares del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, Jorge Emilio Iruegas, el fiscal Anticorrupción de la entidad, señala a EL UNIVERSAL que existen riesgos para la credibilidad de dichas instituciones que están al servicio de la ciudadanía y que se afecta la sinergia del sistema, que había alcanzado buena coordinación. 

Además, el también integrante de la Red por la Justicia Penal señala que hubiera sido deseable que antes de pensar en reformar la Constitución se hubiera analizado qué es lo que no funcionaba en dichos órganos, de ser el caso. 

Los puntos más polémicos, indica, son saber qué pasará con los derechos adquiridos de los integrantes de ambos organismos y la intención de que sus resoluciones sean vinculantes, pues esto invade competencias, incluso de la propia Fiscalía Anticorrupción a su cargo.    

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 Red por la Justicia Penal / Foto: Fernando Miranda

 

¿Cómo se encuentra en este momento el Sistema Estatal  Anticorrupción?

— El Sistema Anticorrupción de Oaxaca fue de los primeros en conformarse, en tener el andamiaje jurídico primario terminado y en comenzar a sesionar, y genera lo que pocos estados tienen, que es la política en combate a la corrupción. 

Actualmente hay una gran sinergia entre las siete instituciones que lo conforman, pero hay áreas de oportunidad para trabajar sobre ellas, en generar productos tangibles enfocados a dos rubros. 

El primero es el combate a la corrupción a nivel municipal, desde el diseño nacional, sobre todo porque Oaxaca concentra más de 25% de todos los municipios del país, por lo que es importante visualizar la figura municipal o el ente de control en materia de combate a la corrupción en el área municipal, que no se tiene, hay un vacío. 

Me parece importante que se comience a trabajar, porque no se ha materializado el combate al desvío de recursos a nivel municipal; el otro rubro es la recuperación de activos. 

¿Afectará si desaparecen el Instituto de Transparencia y el Comité de Participación Ciudadana?

—Yo soy respetuoso de las decisiones que se tomen en el seno del Congreso, pues es parte de sus funciones la generación y renovación de las leyes, pero hubiera sido loable analizar algunos ajustes previos antes de llegar a reformar la Constitución. 

Hay dos temas que me preocupan de la reforma como tal. Entiendo que el planteamiento es de mejora, sería absurdo que los diputados quisieran buscar un retroceso, en el tema del Comité de Participación Ciudadana, obviamente los derechos adquiridos por quienes fueron nombrados, pues si se crea otro órgano tendrían eventualmente que duplicarse pagos si se da la publicación de la reforma. 

Por el otro lado, en la reforma se establece que las recomendaciones del CPC, como las del comité coordinador del sistema, van a ser vinculantes. Esto va en disonancia a lo que plantea el artículo 113 de la Constitución Política federal, por la lógica de no invadir competencias de quienes tienen la potestad de hacer cumplir la ley. 

Además, las consecuencias del no cumplimiento de esas resoluciones también invadirían las facultades de, por ejemplo,  una contraloría o incluso la Fiscalía Anticorrupción. 

Es importante hacer un análisis de la viabilidad de ese tema. En cuanto al cambio del nombre [de comité a consejo], el planeamiento sería una mejora. 

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¿Y en el caso de la extinción del Instituto de Acceso a la Información Pública o de Transparencia?

— En el caso del Instituto de Transparencia,  lo importante sería verificar los derechos adquiridos de quienes están como comisionados. Tal vez, es mi opinión, se debió haber tenido una mayor puntualidad de los artículos transitorios incluidos en la reforma. 

Esto porque, según lo que he revisado, hay un tiempo, en cuanto salga la ley secundaria, que no se entendería qué pasaría con el actual instituto, si en ese lapso de tiempo seguirían los procedimientos o se entregarían al nuevo órgano.

¿Implicaría un retroceso si estos órganos llegan a desaparecer finalmente?

—En un tema muy práctico, el camino que han recorrido quienes son integrantes del  Comité de Participación Ciudadana y quienes conforman el Instituto de Transparencia, los comisionados, ha ayudado a alcanzar una sinergia o coordinación. 

Ya traemos una visión y postura sobre temas angulares sobre los que requerimos mucha integración y coordinación, y tal vez esa reforma, que implica el cambio de personal, retrasaría la posibilidad de  materializar los pendientes del Sistema Estatal Anticorrupción,  para que la ciudadanía pueda conocer de manera tangible lo que se hace con el trabajo de las instituciones que lo conforman.  

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¿Afectarían las reformas a la credibilidad de estos órganos? ¿Golpearía la confianza que han adquirido?

—La credibilidad nos la tenemos que ganar. Como integrante del Sistema Anticorrupción debo ser autocrítico y reconocer que la credibilidad de las instituciones gubernamentales no  está en su mejor momento, pero es cierto es que este tipo de reformas pueden incidir en no consolidar la credibilidad que deben tener estos órganos, sobre todo estos que están al servicios de la ciudadanía. 

El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública está al servicio de la ciudadanía, para que pueda obligar a los servidores públicos a transparentar su actuar y, sobre todo, para  transparentar el uso de los recursos públicos. 

En el caso del Comité de Participación Ciudadana, justamente se trata de tomarla en cuenta   dentro de un sistema  conformado por instituciones gubernamentales, nació  para ser ese contrapeso. 

Sí me parece que la reforma  podría sumar a ese descrédito u obstaculizar ese  camino  de cara a ganar la confianza que se requiere de la población al trabajo de  las instancias que observan el  control de los recursos.

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