Empresas investigadas por dejar aulas inconclusas tras 7-S en Oaxaca obtuvieron 124 mdp en obra pública
Las 19 constructoras investigadas por irregularidades obtuvieron contratos entre 2018 y 2020; 11 eran fantasmas, detalla la Fiscalía Anticorrupción
Oaxaca de Juárez.- Las 19 empresas investigadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Oaxaca por las irregularidades en la construcción de aulas de escuelas que colapsaron por los sismos de septiembre de 2017 obtuvieron, entre 2018 y 2020, contratos de obra pública por un monto que supera los 124 millones de pesos, de acuerdo con una revisión realizada por EL UNIVERSAL.
La fiscalía investiga a ocho firmas que dejaron aulas inconclusas, obras por un monto de 11.3 millones de pesos.
Estas empresas son Edificaciones y Proyectos Arquitectónicos EPZONA; Desarrolladora en Obra Pública, Administración y Asesoría Contable DOPAAC; Construcciones SIZZARO; Ingeniería Civil y Terrestre CHANDON; Infraestructuras Civiles ABELIM; LAHARBE; BAUSTELLE y CAYPRO.
También se tienen indagatorias contra 11 constructoras que el informe de la fiscalía considera fantasma, porque se detectó que los domicilios fiscales no existen y son casas particulares inhabitables. A dichas compañías se les asignaron contratos de aulas por 36.8 millones.
Estas empresas fantasma son Distribuidora de Materiales y Construcciones MARU-YEKA; CASA-ETZY Edificaciones; Maderas, Maquinarias y Construcciones Colorado; TRUMP, Ingeniería en Construcción; Construcciones Civiles NEZAH; Proyectos y Construcciones YERUTNAE; HELU Construcciones y Materiales; Construcciones, Proyectos y Materiales MARITZAS; BINNY Construcciones; Construcciones COLET y Construcciones, Proyectos y Agregados KARELY.
Tanto las ocho empresas que dejaron obras inconclusas como las 11 firmas fantasma fueron contratadas por el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed), a través de adjudicaciones directas con recursos del ya desaparecido Fondo Nacional de Desastres (Fonden).
Por ello, en las investigaciones también se incluye a funcionarios de esta dependencia que realizaron las contrataciones y a quienes la fiscalía anticorrupción indaga por delitos como ejercicio ilícito de servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Las empresas son investigadas por la fiscalía anticorrupción por generar y usar información falsa respecto de los beneficios o rendimientos que obtenga, y por fraude, aunque no han sido objeto de ninguna sentencia o inhabilitación por estas indagatorias.
Se quedan adjudicaciones
Pese a estar siendo investigadas, estas 19 empresas han seguido obteniendo contratos para obra pública por parte de distintas dependencias estatales y ayuntamientos de Oaxaca.
Entre 2018 y 2020, por ejemplo, las constructoras que dejaron las aulas obtuvieron contratos por al menos 38.1 millones de pesos, según información a la tuvo acceso este medio.
Entre las dependencias que las contrataron figuran la Comisión Estatal de la Vivienda (Cevi), Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca (Fidelo). También aparecen los ayuntamientos de Santa Catarina Mechoacán, San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Lalana, Tlahuitoltepec, Tlaxiaco, San Andrés Zebache, Santa Catarina Juquila y Santiago Jocotepec; así como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Las empresas fantasma, las cuales están boletinadas desde 2018 por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y han sido exhibidas desde 2019, suman contratos por 37.6 millones de pesos con dependencias como la CAO y la CEA, además de los ayuntamientos de Juchatengo, Pochutla, Teotitlán del Valle, Santa Catarina Quierí, Zapotitlán Palmas, Teotitlán del Valle, Tlacolula y Santa Lucía del Camino.
En suma, estas 19 empresas recibieron contratos por adjudicación directa , a los que tuvo acceso este diario, que ascienden a 124 millones 77 mil pesos.
A la fecha, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Oaxaca no ha detenido a ninguna persona o servidor público por el abandono de la construcción de las aulas en escuelas que fueron destruidas por el terremoto de septiembre de 2017 ni por el uso de empresas fantasma para obtener contratos públicos.
