Rapto matrimonial: En Oaxaca, la ley prohíbe uniones con menores de edad, pero las tolera la costumbre

Juchitán.— Han pasado ocho años desde que por ley en Oaxaca se prohibieron los  matrimonios infantiles, luego de aprobarse una reforma al Código Civil y al Penal, lo que convirtió a la entidad en pionera y la mantiene como uno de los siete estados del país que considera las uniones con menores de edad como un delito. 

Pese a ello, esta práctica  no sólo se sigue realizando de manera pública, aceptada socialmente y celebrada por las familias en algunas regiones del estado habitadas por pueblos originarios, al amparo de convenciones como los Usos y Costumbres, también  se practica en zonas urbanas no indígenas con alto grado de rezago social. 

En conjunto, esto   coloca a Oaxaca como la tercera entidad del país donde más se realizan estas uniones, sólo superada por Chiapas y Guerrero, según datos de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2018.  

Estos datos oficiales indican que en el estado cuatro de cada 10 matrimonios se realizaron cuando  alguno de los  contrayentes eran menores de edad.

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Rapto, tradición que pervive 

 

Ritual exclusivo de mujeres que se centra en la virginidad que da “honor a la casa familiar” / Foto: Roselia Chaca 

 

Lo que estas cifras apenas esbozan, Aurora lo vivió en carne propia. Cuando aún tenía 15 años, esta joven  fue la protagonista de una de las costumbres que mantienen vivas los zapotecas del Istmo de Tehuantepec: el rapto con  fines matrimoniales, ritual exclusivo de mujeres  que tiene como elemento central la virginidad que da “honor a la casa familiar”.

Y que se sigue practicando principalmente en comunidades como Juchitán, Santa María Xadani, Álvaro Obregón,  San Blas Atempa y Unión Hidalgo.

En el caso de Aurora, sólo año y medio duró su unión  con Luis, quien la raptó cuando él tenía 22 años. Cuando Aurora cumplió la mayoría de edad, decidió  abandonarlo  con su hijo en brazos, cansada de sufrir violencia sicológica. Ese fue sólo uno de los abusos que vivió. 

 A pesar de que ante el juez municipal de Juchitán Luis    firmó que se casaría con ella cuando cumpliera los 18 años, por ejemplo, no lo hizo. Entonces él ya tenía 24. Y tampoco reconoció legalmente al hijo que tuvieron. Fue así que Aurora   regresó con su familia y comenzó a trabajar  para mantener al niño de dos años, porque tampoco recibe  pensión alimenticia.

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 Aunque  sabe que podría pelearla, dice que   no tiene  para  pagar la asesoría legal.

Pese a ello, Aurora  no se arrepiente de haber participado en el ritual del rapto siendo menor de edad, pues considera que “le dio honor a su casa” al mostrar que era virgen la noche que Luis la robó.  También recuerda con cariño el día que se firmó el compromiso ante el juez municipal,  a los 17 años. 

“No me arrepiento porque le di honor a mi familia, es una tradición bonita, aunque no me casé por lo civil porque era menor de edad, ni por la iglesia. A los 17 años,  él  y su familia firmaron ante el juez que se casaría conmigo a los 18, ese día se hizo una fiesta en mi casa como si de verdad nos hubiéramos casado”,  narra  la joven en entrevista.

 

Cobijado por la noche 

 

Las mujeres de las familias asisten para bailar y lanzar vivas por la virginidad de la novia / Foto: Roselia Chaca

 

Hasta hace 20 años, en Juchitán en los raptos matrimoniales  sólo participaban mujeres mayores de edad, preparadas física y mentalmente para casarse. Hoy, la mayoría son menores de edad, aunque participan de más  de 18 años. Este ritual comienza con el rapto con el consentimiento de la novia y se realiza por las noches, con la participación de la familia de ambos. 

Esa misma noche, los jóvenes entran a un cuarto y consuman el acto sexual, mientras en el patio de la casa los familiares esperan la noticia de que la novia se mantenía virgen.

La sangre de la joven es colocada en un pañuelo con flores rojas y depositada en el altar familiar. Al siguiente día, la familia de la novia envía una comitiva de mujeres adultas, vecinas y tías, a verificar si la joven se fue de conformidad y a comprobar “el honor que dio a su casa”.

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 A todas se les enseña el pañuelo manchado de sangre mientras reciben una corona de flores rojas, la cual se colocan y celebran el acontecimiento bebiendo diferentes licores. 

Fuera de la casa, en el patio, más mujeres comen y beben mientras la banda de música toca, el ambiente es de cordialidad entre ambas familias. Cuando la banda toca la pieza  Behua xiña’/Huachinango rojo,  es el  anuncio de que las mujeres visitantes tienen que  bailar para después retirarse. Mientras regresan por las calles a la casa de la novia, lanzan  vivas por su virginidad, hasta la vivienda donde continúan con la fiesta.  

 

Niñas, no esposas 

 

Para la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca son uniones informales con consentimiento social / Foto: Roselia Chaca

 

Aunque el rapto no es considerado como matrimonio infantil o entre menores de edad  como tal, porque no hay una unión legal y el Registro Civil de Oaxaca no puede casar a alguien que no tenga  18 años, para  instancias como la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO)  son uniones informales con consentimiento social que deben ser erradicadas.

Esto  porque violentan los derechos humanos de las niñas, como el de la salud, a la educación y a una vida libre de violencia. 

Pero la condena gubernamental no basta para frenar estas  uniones, que  son normalizadas por las familias y las niñas que participan, a pesar de los esfuerzos que realizan organizaciones sociales o activistas,  como  la   premio Internacional de los Niños por la Paz y bailarina oaxaqueña,  Aleida Ruiz Sosa. 

Esta joven actualmente impulsa su campaña  “Que las niñas sean niñas, no esposas”, con la que   busca acercarse a   las menores en comunidades indígenas a través de la danza y talleres, para llevarles un mensaje en  contra de lo que ella llama   “uniones tempranas”.

 En tres meses de campaña, la joven ha logrado llegar a 50 niñas de Valles Centrales.

 

En venta

 

80% de los acuerdos de promesas de matrimonio con las niñas que raptan  no se cumplen / Foto: Roselia Chaca 

 

Tania Francisca Felipe, asesora legal del Centro de Ayuda y Atención a la Mujer Istmeña (CAAMI), explica  que en el Istmo de Tehuantepec, además, se  normaliza la práctica de la negociación económica entre las familias de algunas niñas raptadas, que se opone a la unión, y la familia del novio. 

Esta práctica es condenada por el CAAMI  porque la considera una venta, por lo que como una salida legal para ayudar a las víctimas, estos casos los han denunciado como estupro, pues aunque  hay un consentimiento, está viciado por la diferencia de edad, pues siempre el hombre es mayor de 18 años. 

Pero la problemática no termina con el rapto. De acuerdo con el CAAMI, 80% de los acuerdos de promesas de matrimonio con las niñas que raptan  no se cumplen porque  las uniones duran entre uno y seis años.   

Las más afectadas, por supuesto, son ellas,  porque  se ven obligadas a dejar los estudios, las abandonan con hijos, quienes no tienen certeza jurídica al no figurar en el Registro Civil ni ser reconocidos por el padre y terminan violentadas física, sicológica y socialmente. 

De acuerdo con la SMO, aunque las estadísticas oficiales no revelan la magnitud de este fenómeno, indicadores como los embarazos adolescentes de mujeres entre los 13 y los 17 años, pueden dar una idea al respecto, pues se presume que hay una unión de por medio. 

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Sólo de 2020 al primer trimestre de 2021, la cifra de embarazos en menores de edad ronda los 7 mil 396 casos, de los cuales mil 282 se han registrado en este año, de acuerdo con datos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO). 

 Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), dice que para entender este fenómeno no se debe estigmatizar a las comunidades indígenas de regiones como la Mixteca, la Costa o el Istmo, porque  estas uniones   también se dan en   poblaciones  de  cinturones urbanos de las grandes ciudades y con altos  niveles de pobreza y desigualdad.

Desde la defensoría, por ejemplo,  se han identificado varias causas: “Desde el punto individual, las más afectadas son las niñas por los bajos niveles de educación, la pobreza y el poco acceso a programas de salud reproductiva y sexual. 

“Desde lo familiar, social y  comunitario, están muy arraigadas estás construcciones  culturales, de dar honor al casarse y estereotipos de  género en donde se piensa que la mujer necesita la tutela y protección de un hombre a través del matrimonio. Desde lo institucional, urgen políticas públicas que generen cambios reales en la cultura, una mayor participación e incentivación educativa, y promover el acceso a programas de salud sexual”, advierte.