Poder Judicial de Oaxaca: 4 casos emblemáticos de impunidad que heredaron a la nueva presidenta
La magistrada Berenice Ramírez inicia su presidencia con el reto de garantizar el acceso a la justicia, sobre todo tras señalamientos contra jueces y magistrados del TSJEO por fallos en contra de las víctimas, en particular en casos de violencia contra las mujeres
Oaxaca de Juárez.- La magistrada Berenice Ramírez Jiménez, nueva presidenta del Poder Judicial de Oaxaca y quien fue electa para el periodo 2024-2028, tiene por delante importantes retos en materia de impartición de justicia, principalmente relacionados a la impunidad que persiste y la falta de castigo ante quienes ejercen violencia contra las mujeres en general y de índole feminicida en particular. Muestra de ello son los señalamientos en contra de jueces y magistrados en al menos cuatro casos emblemáticos, a causa de polémicos fallos en contra de las víctimas.
Estos casos, que abarcan desde desapariciones, feminicidios consumados y en grado de tentativa, tienen como constante que pese a que datan de hace más de tres años, aún no es posible garantizar el acceso a la justicia para las víctimas indirectas. Se trata de los casos de Zayra Morales, Claudia Uruchurtu, María Elena Ríos y María del Sol.
Jueces liberaron a acusados de desaparición de Zayra
El 23 de octubre de 2020, Zayra Leticia Morales Loyola desapareció en Santa María Xochitlapilco, agencia municipal de Huajuapan de León, en la región Mixteca. Pese a que hubo detenidos, hasta ahora no hay una sola persona sentenciada y ni siquiera en prisión.
De acuerdo con Leticia Loyola, la madre de la joven, a más de tres años el caso no tiene avances y ello es en gran medida responsabilidad del Poder Judicial, pues los jueces a cargo del caso dejaron libres a los detenidos como presuntos responsables.
El 18 de agosto de 2022, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio a conocer la aprehensión de J. I. Z. Z., probable responsable del delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de Zayra; el sujeto fue liberado seis días después por el juez de Control de Circuito Judicial en la Mixteca, Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos, bajo el argumento de que el testigo protegido no presentó su identificación oficial para validar su declaración.
"Desde un principio hubo mucha fuga de información y cuando se buscaron a las personas y se detuvieron, el testigo estrella ya no se presentó. Los jueces se declinaron del lado de los imputados que fueron dejados en libertad... la carpeta se vino para abajo", relata doña Leticia a EL UNIVERSAL.
Cinco meses antes, en marzo de 2022, otros tres presuntos responsables de la desaparición forzada de Zayra ya habían sido liberados durante la audiencia de debate.
Fotos: Archivo EL UNIVERSAL
Nuevo juicio por desaparición forzada de Claudia Uruchurtu
Claudia Uruchurtu tenía cuatro años denunciando actos de corrupción y se había involucrado en la defensa de pobladores de Nochixtlán, ante constantes abusos y extorsiones de las autoridades municipales.
El 26 de marzo de 2021, la activista Claudia Uruchurtu participó en una manifestación frente al Palacio Municipal de Nochixtlán para denunciar una serie de abusos de las autoridades municipales, en particular de la entonces edil Lizbeth victoria Huerta (Morena). Testigos observaron cómo varios sujetos se la llevaron forzándola a subir a una camioneta roja y desde entonces no se sabe nada de su paradero.
Tras un año y nueve meses de investigaciones, el 15 de diciembre de 2022 la presidenta municipal morenista fue hallada culpable del delito de desaparición forzada, junto con tres personas más; no obstante, de último minuto la jueza de control María Teresa Quevedo Sánchez determinó la reconfiguración del delito a obstrucción de búsqueda únicamente para la exedil y en lugar de ser sentenciada a los 40 años de prisión con los que se castiga la desaparición forzada, finalmente fue condenada únicamente a cuatro, por lo que la familia apeló el fallo.
Otros 12 meses después, a unos días de que concluyera la presidencia del magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, la Sala de Justicia Indígena y la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO), que forma parte del Poder Judicial, determinaron la reposición del juicio contra Victoria Huerta.
Sara y Elizabeth Uruchurtu, las hermanas de Claudia, cuestionaron la actuación de los jueces Luis Enrique Cordero Aguilar, Alejandro Magno González Antonio y Arturo Lázaro León de la Vega, a quienes acusaron de evitaron estudiar el caso tomando en cuenta elementos fundamentales para una justicia integral como la responsabilidad por el delito de desaparición forzada de la morenista, el reconocimiento pleno de la calidad de defensora de derechos humanos de la activista y la inclusión del enfoque diferenciado y con perspectiva de género.
Ante ello la familia reprueba que la disposición de empezar de cero el caso, que en un principio fue considerado como un avance histórico en términos de impartición de justicia al juzgarse a una edil en funciones, pues asegura que “sólo es una excusa para contribuir a la impunidad” que impera en la desaparición forzada de su hermana Claudia. Y advirtió que recurrirá a tribunales federales.
Niegan tribunal colegiado a María Elena
Un tercer caso en el que ha sido ampliamente cuestionada la actuación de jueces y del Poder Judicial de Oaxaca en sí es el de María Elena Ríos Ortiz, joven saxofonista sobreviviente de tentativa de feminicidio, cometida a través de un ataque con ácido el 9 de septiembre de 2019. A más de tres años, tampoco se ha emitido ninguna sentencia.
El caso de la activista y defensora ha enfrentado una serie de anomalías que la joven ha denunciado y documentado a través de sus redes sociales. En marzo de 2023, por ejemplo, Teódulo Pacheco, entonces juez del caso, resolvió que Juan Antonio Vera Carrizal, encarcelado como presunto autor intelectual del ataque, continuara el proceso en arraigo domiciliario, medida que fue revocada más tarde, pues el domicilio no cumplía con las características necesarias.
Tras acusaciones de María Elena sobre violaciones a sus derechos como víctima de parte de Pacheco, el juez fue retirado del caso.
Posteriormente este quedó a cargo de la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, quien renunció luego de que la joven denunció una presunta cercanía de la juzgadora con el equipo de la defensa del imputado, lo que podría representar conflicto de intereses.
Hasta el momento, el caso no cuenta con un juez a cargo, pues la persona designada argumentó que la renuncia de Quevedo Sánchez no se realizó de forma correcta y que se iría de vacaciones, dejando pendiente una audiencia de debate que no pudo resolverse. El TSJEO no ha nombrado a un juez en sustitución retardando aún más el proceso y obstaculizando la justicia.
Además, la activista en contra de la violencia ácida ha insistido que por la complejidad de su caso éste no debe ser atendido en un tribunal unitario (un sólo juez), sino en un tribunal colegiado (3 jueces), algo a lo que en su momento se negó Pinacho Sánchez.
A penas en octubre de 2023 el Congreso de la Ciudad de México exhortó al entonces magistrado presidente, Eduardo Pinacho Sánchez, a realizar acciones conducentes para no dilatar más el proceso de María Elena, así como para salvaguardar sus derechos humanos, acceso a la justicia y a la no revictimización.
Disminuye sentencia a implicado en feminicidio de Sol
A la lista se suma el caso del asesinato de María del Sol Cruz Jarquín, en el que se han abierto siete carpetas de investigación.
El 2 de junio 2018, María del Sol Cruz Jarquín, jefa de Comunicación Indígena Intercultural de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, murió víctima de feminicidio en Juchitán de Zaragoza, junto con otras dos personas más.
Su jefe, Francisco Montero López, la había comisionado ilegalmente para cubrir la campaña electoral de su hermano Hageo Montero López a la presidencia municipal de esa ciudad zapoteca.
La noche del asesinato, el equipo de trabajo de la comunicadora fue robado, para eliminar la evidencia de la responsabilidad del entonces funcionario estatal en la asignación.
Heliodoro Altamirano Charis, también funcionario de dicha dependencia, se presentó en el hotel donde estaba hospedada María del Sol y se llevó el equipo.
Tras la investigación, Altamirano Charis fue hallado culpable del robo y en octubre 2022 le fue dictada finalmente una sentencia condenatoria de 13 años y cuatro meses de prisión. Pese a ello, el sentenciado continuó disfrutando de su libertad, pues un juez le otorgó un amparó contra la resolución.
Además, posteriormente el Poder Judicial del estado dictó una nueva resolución parcial que disminuyó la pena de cárcel a sólo nueve años con siete meses.
"El Poder Judicial de Oaxaca tuvo en sus manos la posibilidad de enviar un claro mensaje a la sociedad, en el sentido de que la violencia no sería tolerada ni permitida y que, por el contrario, sería sancionada; sin embargo, de nueva cuenta demuestra el menosprecio a las víctimas y evidencia las redes de complicidades, entramados y causas estructurales que permiten la impunidad en Oaxaca", señaló al respecto Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.
Actualmente, la investigación por el feminicidio de María del Sol también volvió a iniciar de cero, luego de una serie de anomalías, errores y omisiones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), entonces encabezada por Rubén Vasconcelos.
