A 5 años de las promesas de la consulta indígena, parque eólico para Juchitán nunca llegó

Juchitán de Zaragoza.— Esta ciudad zapoteca ha vivido los últimos cinco años una paradoja que no termina. Aunque su territorio está rodeado de aerogeneradores que gracias al viento producen energía eléctrica que se vende,  tanto a empresas privadas como al gobierno federal, sus habitantes lidian con altas tarifas que se niegan a seguir pagando. Juchitán produce una electricidad que no disfruta. 

No es algo menor. Esta paradoja está provocando conflictos sociales, pues crecen las resistencias contra la altas tarifas eléctricas, denuncia el presidente municipal de Juchitán, Emilio Montero Pérez.

La razón es clara. Se debe al incumplimiento de compromisos de los gobiernos estatal y federal, derivados de la aprobación en la primera consulta indígena del país para construir un parque eólico. Los responsables  tienen nombre y apellido: Enrique Peña Nieto y Gabino Cué. 

La consulta indígena en la que se aprobó la construcción del parque eólico Bii Nisa,  de Eólica del Sur, comenzó el 20 de octubre de 2014  y duró ocho meses. Tras la aprobación, el 1 de septiembre de 2015, se firmó un convenio entre la empresa el gobierno federal, el de Oaxaca y las autoridades municipales de Juchitán, en el que todas las partes asumieron compromisos.

Según el convenio, en poder de EL UNIVERSAL, el gobierno federal se comprometió a destinar anualmente 15 millones 600 mil pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para reducir  35% la facturación eléctrica doméstica de la tarifa 1C, en Juchitán, “mientras se instalan dos aerogeneradores”. Por su parte, el compromiso adquirido por  Eólica del Sur fue aportar 4 millones 988 mil pesos  por 20 años, para reducir el pago de los usuarios.

Foto: Edwin Hernández

A cinco años de distancia, sólo ha cumplido la empresa, cuyo complejo que se construyó  en terrenos de Juchitán tiene una superficie de 4 mil 500 hectáreas y produce 216 megawatts de electricidad.

Promesas 

Otro de los compromisos hechos por los gobiernos federal y estatal fue instalar un parque eólico que generara electricidad para  Juchitán.  De dicho proyecto, el gobierno de México financió la compra de un aerogenerador con capacidad de dos megawatts, incluyendo póliza de operación y mantenimiento,  manejado por el Instituto de Investigaciones Eléctrica (IIE).

De acuerdo con el presidente municipal, ese aerogenerador se construyó en 2017 y operó hasta 2019. Luego se descompuso y la aseguradora alega que no tiene responsabilidad de cubrir  la reparación.  “El caso es que nadie nos ha informado cuánta energía generaron, a quién se la vendieron y dónde quedó el dinero”, dice el edil. 

En el convenio, el gobierno de Oaxaca, en ese entonces representado por Gabino Cué, se comprometió a comprar un segundo aerogenerador con capacidad de generar tres megas y que entraría en operación en 2017. Nunca lo hizo. Mientras que el gobierno de  Peña Nieto suspendió el pago  anual de 15.6 millones a la CFE. 

“Tampoco cumplieron con la compra de otro aerogenerador, y menos cumplieron con el establecimiento de un centro de energías alternas para las investigaciones de otras fuentes de electricidad”, indica.  

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Además, los gobiernos de México y de Oaxaca prometieron  adquirir dos predios, uno para el centro de energías alternas y otro para el segundo aerogenerador, pero tampoco cumplieron. Esos incumplimientos, insiste el edil, “lastiman y molestan al pueblo juchiteco, rodeados de parques eólicos y pagando tarifas caras”. 

Según  la Comisión Reguladora de Energía, en el Istmo de Tehuantepec operan 23 parques eólicos que producen  2 mil 500 megawats de electricidad. En Juchitán, incluyendo las comunidades de La Venta y La Ventosa, funcionan nueve de esas granjas eólicas.

Por esa razón, en el convenio llamado Acta de acuerdos, suscrito el 1 de septiembre de 2015, el gobierno se comprometió a desarrollar un estudio de impacto acumulativo por la operación de esos parques para conocer el grado de incidencia ambiental, económica, social, cultural, de salud y género. Tampoco  se realizó tal estudio.

“Voy a insistir ante la Segob que reanudemos las mesas de diálogo para hacerles ver que aunque esos compromisos fueron adquiridos por los gobiernos de Peña Nieto y  Cué, tienen validez y vigencia porque fueron acuerdos institucionales. Oaxaca, por ejemplo,  le debe a la CFE 22 millones de pesos, por concepto de alumbrado público”, afirma el edil. 

Foto: Cortesía

Esa deuda  abarca de noviembre de 2015 al 12 de diciembre de 2019, según el oficio SSB/DK-01/0005/2021 dirigido al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat,   fechado el  11 de enero de 2021 y firmado por Rafael Martínez Marcial, responsable de CFE en calidad de administrador responsable.  

Agrega que además el gobierno de Gabino Cué  se comprometió desde 2015 a financiar con 130 millones de pesos diversos proyectos de desarrollo estratégicos comunitarios, pero aparentemente sólo se liberaron 60 millones para construir un centro de convenciones que está inconcluso.

“Para efectos de la gobernabilidad, es necesario que ambos gobiernos atiendan los compromisos del pasado y ayuden a que la   gente de Juchitán  pague menos  por el consumo de energía eléctrica, es fundamental que operen esos dos aerogeneradores porque es contradictorio que si desde el sur de Oaxaca nace la energía limpia, sus pobladores paguen más”, finaliza. 

Inconformidad y detención

Foto: Edwin Hernández

Aunque Eólica del Sur ha cumplido con su parte dentro del convenio por el cual permitieron la construcción del parque eólico Bii Nisa en 4 mil 500 hectáreas en terrenos de Juchitán, la empresa no estado exenta de cuestionamientos y reclamos.

Este fin de semana elementos de la Policía Estatal detuvieron a dos arrendatarios y propietarios de las tierras donde se instala el parque eólico Bii Nissa, de Eólica del Sur, tras activar cerca de la subestación una protesta contra esta empresa. 

A través de un video, denunciaron la detención de Arturo Martínez, representante del comité de propietarios Xhuba Yachi “Maíz Blanco” del polígono del parque eólico ubicado en Juchitán, así como a  Mariano Cabrera Nieto, otro de los arrendatarios. 

Según la denuncia, ambos fueron trasladados  al penal de Tlacolula imputándoles los cargos de despojo de tierras, extorsión y asociación delictiva. 

Los manifestantes han denunciado reiteradamente  a los directivos de la empresa: Eduardo Zenteno Galindo, Ramón Cruz Martínez  y Javier Barcia Tuccelli, argumentando que se les han violentado las cláusulas del contrato firmado por 30 años, en lo relacionado con la  limpieza de los caminos, concepto en el que se estípula una inversión de 10 millones de pesos anuales, misma que los inconformes argumentan no tener certeza  de cómo se ha manejo.