Se planta en Palacio de Gobierno de Oaxaca familia de Sandra Domínguez, a 33 días de su desaparición
“Nos duele que ese sea el destino de la mujeres”, lamentan hermanas y madre de la defensora de derechos humanos. Afirman que “en Oaxaca hay oídos sordos” y acusan intimidación de las autoridades
Oaxaca de Juárez.— A 33 días de su desaparición, las hermanas y la madre de la activista mixe y defensora de derechos humanos, Sandra Domínguez Martínez, se instalaron en un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Oaxaca, para exigir su presentación con vida.
“La familia dimos la confianza a las autoridades pues ellos tienen los recursos e infraestructura necesaria para su localización, sin embargo, no hay efectividad; sólo nos repiten la misma información, sin tener avances sustantivos, ya nos desgastaron, ya nos intimidaron y Sandra sigue desaparecida”, declaró Kisha Domínguez, hermana de Sandra Domínguez.
También denunció que sus abogados, acompañantes y ellas, han sido víctimas de seguimiento, vigilancia e intimidación por personas vestidas de negro a bordo de motocicletas con el objetivo de intimidarlas y obligarlas a no seguir exigiendo la presentación con vida de la activista mixe.
Desde que fue desaparecida, narró en conferencia de prensa, las han llevado y traído en horas de reuniones de una mesa a otra. De la fiscalía de Oaxaca las envían a la Comisión Estatal de Atención Víctimas (CEAV) y de ésta, a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEAB), hasta que el 23 de octubre sostuvieron una reunión con el gobernador Salomón Jara, pero todo sigue igual.
“En Oaxaca hay oídos sordos del Estado a estos llamados. Mi hermana sigue desaparecida y también a nuestro clamor de presentación con vida de Sandra como familia”, dijo, pese a los pronunciamientos y exigencias del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, de Amnistía Internacional, de la Organización Mundial contra la Tortura, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, y de la Red Nacional de Mujeres defensoras, diversas organizaciones y colectivas.
“Confiando en la promesa del gobernador que nos entregaría viva a Sandra, le dimos tiempo a las autoridades para regresarnos a mi hermana; sin embargo, no cumplieron y ese término de tiempo ya pasó”, señaló.
Kisha Domínguez manifestó que lamentablemente en Oaxaca, Sandra no es un caso aislado. “Hay muchos casos, lamentamos el dolor de la familia de la enfermera Judith Vianey, que la ineficiencia del Estado redundó en un feminicidio, nos duele que ese sea el destino de las mujeres en Oaxaca. El responsable debe pagar por su crimen y el Estado destituir a quienes no han hecho un trabajo de localización inmediata para poder garantizar la vida”.
La hermana de Sandra Domínguez aseguró que ha sido indignante el protocolo que se lleva a cabo pues son trámites burocráticos, lo cual hace desgastante para los familiares en sus búsquedas.
También cuestionó si parte del protocolo de búsqueda es la revictimización de las víctimas: “Su trabajo es el acompañamiento y terminan dándole armas al amarillismo. Condenamos que las autoridades terminan dando información antes a los medios que a los familiares, lo cual es totalmente repudiado puesto su interés es lavarse las manos y desprestigiar a las víctimas y poner en riesgo a las familias”.
Además, dijo que es lamentable que las instituciones argumenten que no tienen recursos económicos ni suficientes para la búsqueda de las personas desaparecidas, cuando se gastaron más de 6 millones en dos conciertos gratuitos en el Zócalo de la ciudad, el de Panteón Rococó y el de Julieta Venegas.
“¿Es una lástima que en las instituciones que hemos ido no hay recursos ni personal suficiente para la búsqueda, pero eso sí, se despilfarra el dinero en conciertos para el control del caos, para hacer circo, Hay o no hay recursos?, o solo se utiliza para maquillar el caos, dos conciertos gratuitos con un valor de más de 6 millones de pesos”.
Kisha Domínguez aseguró que el Estado les ha fallado como familia y que es triste que no haya generado condiciones mínimas para ellas y evitar la revictimización. “Si no existiera el acompañamiento de las organizaciones, los casos se quedan totalmente en el olvido”, dijo.
